- Política
- Armin Copa
12/1/2026.- Legisladores de las bancadas de Alianza Unidad, Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano promueven una iniciativa legal para sancionar las interrupciones en las vías fundamentales del territorio. El proyecto busca frenar los perjuicios económicos y la afectación a la imagen internacional de la nación que generan estas medidas de presión extremas. Según los proyectistas, la propuesta normativa pretende garantizar el derecho al libre tránsito de la ciudadanía y evitar que intereses particulares paralicen el desarrollo del país.
La propuesta, impulsada inicialmente por el diputado Carlos Alarcón, sugiere tipificar estas acciones como delitos graves con penas de privación de libertad que oscilan entre los 10 y 20 años. Las sanciones alcanzarían no solo a quienes ejecutan los cercos, sino también a los instigadores, organizadores y financistas de tales movilizaciones. Representantes de las fuerzas políticas involucradas señalan que, si bien la protesta es un derecho constitucional, este no puede vulnerar de forma sistemática los derechos fundamentales del resto de los bolivianos.
El debate legislativo también contempla la necesidad de establecer límites claros y protocolos específicos para el uso de la fuerza pública por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los parlamentarios coinciden en que los últimos años de conflictividad social demuestran la urgencia de contar con un marco jurídico que desincentive la obstrucción de caminos. El documento se encuentra en fase de análisis dentro de las comisiones correspondientes, donde se espera un tratamiento prioritario para evitar que nuevas protestas afecten la estabilidad del mercado interno.