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- Armin Copa
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió una demanda penal interpuesta por el Comité Cívico cruceño contra el exmandatario Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y el representante campesino Vicente Salazar. La acción legal busca establecer responsabilidades por las movilizaciones que mantuvieron al país paralizado durante casi dos meses.
Los promotores de la querella afirman que las medidas de presión provocaron el fallecimiento de más de diez personas, además de severos daños a la economía nacional. El recurso jurídico presentado detalla la supuesta comisión de nueve delitos graves, dentro de los cuales se incluyen figuras como alzamiento armado, terrorismo y el financiamiento de estas actividades.
El prolongado conflicto llegó a su fin luego de un pacto suscrito entre el Órgano Ejecutivo y la COB. Este acercamiento derivó en la posterior implementación de un estado de excepción, escenario que determinó que los sectores movilizados suspendieran de manera definitiva sus cortes de rutas.