¿Qué es lo que pasa con los administradores de los organismos defensores de las mujeres en condiciones de peligro?
La suegra del feminicida de Leslie Nicole y ella misma presentaron seis denuncias por agresiones en contra de este hombre, quien terminó por asesinarla de una manera cruel y cobarde.
Se conoció que el asesino perseguía a su víctima, la siguió a Santa Cruz y a Brasil. Ella debió vender sus cosas para reunir algún dinero y huir del padre de sus dos hijos de siete y ocho años quien, en algún momento, le quebró los dientes a golpes.
Amenazaba no sólo a su pareja, a la madre de la mujer a la que alguna vez dijo amar, sino a su suegra. No hubo autoridad alguna que interviniera y proteja a una persona en semejante situación de alta vulnerabilidad.
Autoridades de la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Cruz, a donde ella había acudido para ponerse a salvo de la violencia a la que era sometida por quien se creyó su absoluto propietario.
Es necesario, en este caso, hacer una puntualización imprescindible. La Ley de Ejecución Penal contempla varios beneficios para las personas sentenciadas por la comisión de delitos muy graves.
Ante esta situación, es menester exigir que se apruebe una disposición que excluya a los autores de estas acciones tan graves para que no pueda recuperar su libertad antes de cumplir los 30 años de presidio, que seguramente le impondrá la justicia a este criminal.
Más allá de estos criterios, es necesario ponerse a pensar en la forma en la que una burocracia indolente no actuó como correspondía y dio lugar a este horrible asesinato.
Se delinque por acción y por omisión y en este caso, los responsables de proteger a Leslie Nicole brillaron por su ausencia y, lo que es peor, por su negligencia.
Una sanción contra estas personas puede resultar aleccionadora para que, en el futuro, los burócratas no repitan esta falta de compromiso con su responsabilidad ante la sociedad en su conjunto. Ellos también son culpables.