• Sociedad
  • Wilma Pérez

El silencio en los pasillos de los centros de acogida en La Paz esconde una tragedia que la burocracia no logra ocultar. Un reciente informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo revela una realidad desgarradora: 151 seres humanos, bajo tutela del Estado, enfrentan una lucha diaria por la supervivencia.

En los institutos Erick Boulter, de Adaptación Infantil (IDAI) y el centro Niño Jesús, la vulnerabilidad tiene rostro de abandono. La mesa, que debería ser símbolo de cuidado, hoy luce vacía. 
En el instituto Erick Boulter, donde habitan personas con discapacidades múltiples, la carne, el pescado y las legumbres desaparecieron del menú. El personal de cocina recurre a la papa para llenar los platos, en un intento desesperado por compensar la falta de nutrientes básicos. Esta crisis alimentaria no es un descuido temporal; es una falla estructural que obliga a los propios trabajadores a poner dinero de sus bolsillos para que los internos no duerman con el estómago vacío.
La salud de estos ciudadanos pende de un hilo. El informe documenta escenas de una precariedad inaceptable: pacientes con colostomía que utilizan botellas plásticas y mangueras improvisadas por la falta de bolsas adecuadas. 

A este drama se suma la ausencia total de médicos durante las noches. Si una emergencia ocurre en la madrugada, solo una enfermera custodia la vida de personas con patologías crónicas. 
Los equipos esenciales, como generadores de oxígeno y oxímetros, están fuera de servicio o en desuso, lo que convierte a estos centros en trampas de riesgo inminente.Incluso el derecho al movimiento es un lujo. 

Las sillas de ruedas, sin mantenimiento, se sostienen con cuerdas. Existe solo una silla de baño para el aseo de más de 50 internos en un centro, una cifra que insulta cualquier estándar de higiene y humanidad.

En el IDAI, la desprotección se manifiesta en la ausencia de terapias esenciales. El reporte evidencia que el personal especializado, como fisioterapeutas y fonoaudiólogos, es insuficiente o trabaja bajo contratos parciales que no cubren la demanda. Esta carencia frena la posibilidad de rehabilitación y condena a las personas con discapacidad al estancamiento irreversible. 

La falta de insumos médicos básicos obliga a la improvisación de curaciones y tratamientos, lo cual agrava los cuadros clínicos de quienes ya enfrentan batallas diarias contra sus propias patologías.

El panorama en el centro Niño Jesús resulta desgarrador para la infancia desamparada. Los procesos legales de estos niños y adolescentes permanecen en un limbo administrativo que impide su derecho a una familia. La débil coordinación entre el Sedeges y las instancias judiciales paraliza las adopciones y prolonga la estadía de los menores en un entorno que no satisface sus necesidades afectivas ni nutricionales. Estos pequeños crecen entre carencias de alimentos básicos como leche y cereales, bajo la sombra de un sistema que promete protección, pero que en la práctica les falla cada día.

Esta situación es un grito de auxilio hacia la Gobernación de La Paz, cuya gestión del Sedeges muestra un cumplimiento insuficiente de sus obligaciones. Pero también es un llamado para que el Gobierno nacional intervenga de forma inmediata. No basta con informes o promesas de escritorio; la vida de 151 personas, entre niños y adultos con discapacidad, no puede depender de la caridad o de donaciones inciertas. 

El Estado debe garantizar, con recursos y voluntad, que el refugio que ofrece no sea un lugar de olvido y dolor, sino un espacio donde la dignidad sea, finalmente, una realidad.