Hay 1,2 millones de habitantes más que en 2012; regiones piden informes

Los gobernadores y las autoridades municipales que asistieron a la décimo sexta sesión del Consejo Nacional de Autonomías fueron los primeros en conocer los datos preliminares del Censo presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), antes de entregarlos de forma abierta a la población boliviana. El informe señala que Bolivia pasó de 10.059.856 a 11.312.620 de habitantes en 12 años, es decir un crecimiento de 1.041.195 personas entre el Censo de 2012 y el que se realizó en marzo.
El informe proporcionado por el director del INE, Humberto Arandia, señala que Santa Cruz es, por primera vez, el departamento más poblado con 3.115.386 habitantes, le siguen La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando.
Los resultados por circunscripción se entregarán en diciembre y los finales durante el primer semestre del próximo año.
Los representantes de Santa Cruz fueron los primeros en rechazar este primer informe, a quienes se sumaron los dirigentes del Movimiento Socialismo (MAS) del denominado bloque radical.
El gobernador cruceño interino, Mario Aguilera, señaló en sus redes sociales: “No aceptamos estos resultados preliminares del Censo de Población dados por el INE; continuamos demandando acceso y transparencia a la información” a tiempo de anticipar que sostendrá una reunión con técnicos departamentales para analizar estos datos, pues se había proyectado que la población cruceña estaría cerca de los cuatro millones de habitantes.
El candidato y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, considera que faltó transparencia en el informe que se presentó ayer. Similares criterios expresaron dirigentes de este departamento. 
Por su parte, el gobernador cruceño electo+, Luis Fernando Camacho, solicitó mediante sus redes sociales una auditoría internacional. “Solicitamos una auditoría internacional sobre este Censo. Una auditoría con participación de instituciones internacionales de derechos humanos. Cuando un Gobierno excluye de su censo a miles y miles de ciudadanos, viola los derechos humanos de estos ciudadanos”.
Similar criterio manifestó el senador del MAS radical, William Tórrez, “las únicos que pueden garantizarnos un resultado razonable, prudente, transparente serán instituciones internacionales que nos ayuden en esta tarea... Hay instituciones serias que no se prestan a las movidas de Lucho Arce”, dijo el legislador.
DESPOLITIZAR EL CENSO
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que se realizará la socialización de este primer informe y que este trabajo se iniciará en Santa Cruz a tiempo de enfatizar que el Gobierno no tiene “nada que esconder” porque fue un Censo transparente y fiscalizado por organismos internacionales.
Solicitó no utilizar “políticamente” esta información porque es una herramienta técnica para planificar el trabajo estatal en las regiones y ejecutar políticas públicas en el país.
“Los datos de población del Censo 2024 no deben ser utilizados políticamente y las dudas que siembran los actores políticos serán combatidos con la verdad y un amplio proceso de socialización del trabajo y resultado del Instituto Nacional de Estadística (INE)”, dijo la autoridad a la conclusión de la reunión del Consejo de Autonomías.
Anticipó que el Gobierno actuará como lo hizo desde el principio del proceso censal: informando a la población y abriendo los datos a todos los sectores interesados en conocer en detalle el Censo 2024.