- Economía
- Fabiola Alvarado
23/1/2025.- Crece el rechazo de gremiales y productores bolivianos ante la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso de productos en casos de almacenaje ilegal o aumento inusual de precios. Los dirigentes consideran la medida un "atentado a la economía" y exigen su anulación, advirtiendo movilizaciones a partir del 10 de febrero si no se retira la disposición.
Aunque el Gobierno, liderado por el presidente Luis Arce, asegura que la norma busca combatir la especulación y proteger el bolsillo de los bolivianos, los sectores afectados han rechazado el llamado a diálogo para reglamentar la disposición. “No entendemos quiénes son los ‘buenos’ comerciantes de los que habla el Gobierno, parece que se refiere a los que tienen afinidad política”, expresó Edgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz.
La disposición séptima del PGE faculta a las entidades competentes a realizar decomisos para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales. Sin embargo, su aprobación mediante Decreto Supremo, sin debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha generado cuestionamientos por parte de los sectores económicos, que denuncian falta de consenso y temen abusos en su aplicación.
En medio de esta controversia, los gremios han convocado a una reunión el 30 de enero en Sucre para definir las medidas de presión. Mientras tanto, el Gobierno insiste en la necesidad de reforzar los controles para evitar prácticas como el contrabando y el encarecimiento de productos básicos, en un contexto de crisis económica y escasez de dólares que afecta al país.