Las regiones fronterizas de todo país son, por lo general, un espacio para la libre e ilegal circulación de productos y personas. De hecho, en Bolivia, se puede asegurar sin temor a incurrir en una equivocación que municipios enteros viven del contrabando en todos los puntos limítrofes, aunque en algunos casos más que en otros.

Sin embargo, cuando los habitantes de esas regiones se convierten en cómplices de la delincuencia organizada, pasan a formar parte de asociaciones criminales y, como tales, susceptibles a ser juzgados ante tribunales penales ordinarios.

El perjuicio que causan al Estado es demasiado grande y se observa, por ejemplo, con los casos del contrabando a la inversa, pues causó una desmedida elevación del precio del arroz, por ejemplo, o en años anteriores, era común ver en Desaguadero o Yunguyo, Perú, enormes cantidades de garrafas de gas licuado de petróleo boliviano en venta en las ferias populares.

Sin embargo, cabe hacerse una pregunta muy importante. Es cierto que los contrabandistas causan un daño inconmensurable al Estado, pero, ¿Qué ofrece el Estado a esas regiones?

En la frontera de Oruro con Chile, por ejemplo, se encuentran algunos de los municipios más pobres del país y sus habitantes se ven forzados a sobrevivir como mejor pueden.

Ese mismo Estado que les exige sacrificio y abandona a los habitantes de esas regiones, aparece poco después, con uniforme militar y policial para reprimir la única actividad que les proporciona algún ingreso más o menos interesante, pues sabido es que “la parte del león” se la llevan los grandes contrabandistas.

¿Hay políticas serias de Estado para atender a quienes viven en zonas fronterizas? A lo largo de casi dos siglos de existencia independiente, Bolivia sufrió grandes mutilaciones territoriales, precisamente por descuidar sus límites internacionales.

La respuesta a la pregunta es negativa. En un principio porque las clases sociales dirigentes de Bolivia contaban con mano de obra esclava —los pueblos originarios— y no necesitaban cuidar el territorio, pues tenían cuanto a mano necesitaban y sólo a partir del momento en que se reconfiguró el Estado, surgió el imperativo de proteger el patrimonio de todos, aunque con grandes asimetrías que no se han solucionado con el proceso de cambio.

Hay bolivianos de primera y de segunda, por desgracia.