- Sociedad
- Susana Salinas
El 27 de agosto, Brayan Q. P., de 13 años, regresaba a su casa en una localidad rural de Apolo, el trayecto a pie tomaba casi una hora. Un amigo de la misma edad lo invitó a subirse a su motocicleta para llegar más rápido, pero sufrieron un accidente al caer por un barranco.
Después de ser rescatado, llegó al hospital de Apolo, donde le pusieron un suero y decidieron enviarlo al Hospital del Niño, de la ciudad de La Paz.
Al recibirlo, los profesionales de ese nosocomio registraron el caso como un accidente de tránsito. Tras darle las primeras atenciones, se extrañaron porque pese a la gravedad de sus lesiones en la cabeza, lo enviaron sin las condiciones mínimas de supervivencia. “De milagro llegó con vida”, dijo la trabajadora social del hospital pediátrico de La Paz, Fresia Saravia, al referirse a este caso.
A partir de ese momento, los médicos del nosocomio infantil extremaron esfuerzos para su recuperación.
De terapia intensiva, hace unos días, fue trasladado a terapia intermedia. Se estima que el pequeño sufrirá secuelas, porque se lesionó la cabeza y parte del sistema nervioso.
La motocicleta no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, y el conductor, de tan sólo 13 años, también sufrió lesiones, aunque menos leves y fue atendido en Apolo.
La madre de Brayan, Irene, indicó que el autor del hecho es de escasos recursos y su familia no puede hacerse responsable.
Irene es una persona de escasos recursos, llegó a La Paz sólo con 150 bolivianos, que dispuso para la atención de su hijo, a quien el Seguro Único de Salud (SUS) no puede cubrir.
Ante esta situación, la atención médica fue tratada bajo la figura de consulta privada. Hasta el momento, la cuenta supera los 32 mil bolivianos.
Trabajo Social, enmarcado en las normas, no puede autorizar que las atenciones tengan cobertura del SUS, por lo que “nada se puede hacer”, le dijeron a la hermana del pequeño, Dina (26), quien clama por ayuda, ya que su familia no cuenta con recursos y se dedica a las actividades agrícolas en el campo, donde viven en una casa ubicada a cinco horas del centro poblado de Apolo. En este caso, las autoridades hospitalarias se enfrentan a un “vacío legal” en el SUS, que les impide atender al pequeño, cuya familia pide ayuda a la comunidad para los pagos.