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  • Susana Salinas

Las comisiones de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) afrontan un desafío sin precedentes ante la acumulación de denuncias por corrupción digital, sobornos mediante códigos QR y ahora presuntos nexos con el narcotráfico internacional. 


Algunos legisladores consideran que las marcadas limitaciones técnicas de la normativa interna abren un debate técnico urgente sobre la capacidad real de fiscalización de esta instancia entre las representantes elegidos. Se trata de un escenario en el que los mecanismos tradicionales de control legislativo parecen haber quedado rebasados por la complejidad de los presuntos delitos cometidos por medios tecnológicos modernos, entre otros de gravedad penal, denunciados en las semanas recientes.

ALCANCES Y LÍMITES
Tanto en Diputados como en Senadores, las comisiones de Ética investigan y procesan las supuestas faltas cometidas por los legisladores en el ejercicio de sus funciones. 


Cada instancia está integrada por seis legisladores (tres pertenecen al oficialismo y tres, a los bloques de la oposición), la instancia posee límites de acción muy estrictos: según el reglamento vigente aprobado en noviembre de 2010, todos los procesos mantienen un carácter estrictamente reservado en su fase preliminar de investigación.
El diputado Freddy Camacho, integrante titular de la comisión por la alianza APB-Súmate, puntualizó que la labor busca “el fortalecimiento institucional para que el trabajo legislativo se rija bajo principios éticos”.


De acuerdo con el legislador, esta comisión tramitó al menos 10 casos durante el periodo legislativo vigente, en el que también hubo desestimaciones recurrentes causadas por fallas en las formalidades de las denuncias presentadas, que fueron atendidas junto a otros casos de mayor relevancia.


Para Camacho, el Reglamento de Ética (denominado de forma específica Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados, para la Cámara Baja, y Reglamento de Ética y Transparencia, en el caso de la Cámara de Senadores) quedó “obsoleto” ante los nuevos procesos que debe afrontar, como los recientes casos de supuesta corrupción y hasta de trasfugio político que atiende; pero bajo condiciones muy específicas relacionadas con la obtención de beneficios o prebendas.


Al igual que Camacho, legisladores de diversas bancadas reconocen vacíos jurídicos profundos en el texto actual. El marco normativo regula únicamente sanciones leves, graves y gravísimas asociadas a la conducta física u oral, pero no contempla protocolos de acción inmediata ante delitos financieros electrónicos ni ante la implicación penal externa de sus integrantes, lo que retrasa la toma de decisiones definitivas en el pleno de la instancia.

CASOS EN LA MIRA 
La coyuntura de octubre aceleró los pedidos de investigación interna debido a los indicios acumulados contra tres legisladores específicos, cuyas causas involucran de forma directa a la justicia ordinaria por la gravedad de los presuntos delitos tipificados.


El primer caso tiene que ver con el senador Nilton Condori, quien acumula un registro oficial de al menos nueve denuncias admitidas en la Comisión de Ética de la Cámara Alta por faltas graves en sus funciones legislativas.
La instancia evalúa la suspensión definitiva de la curul, mientras la Fiscalía General del Estado prosigue las investigaciones paralelas en la vía ordinaria.


En los casos más recientes, figura el caso del diputado de al alianza Libre, Rafael Darío López Mercado, incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la lista de revocatoria de visa diplomática por presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico.


El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, Edmand Lara, instó a que “sea sometido formalmente a la Comisión de Ética legislativa para asumir su defensa ante las acusaciones que son tan graves”.


Otro caso es el del diputado de Alianza Popular, Rolando Santos Pacheco Chávez, quien también sufre la sanción de revocatoria de visa estadounidense. 


Tras el anuncio del jueves pasado, bloques de oposición exigieron su destitución inmediata de las comisiones legislativas. El reglamento vigente carece de mecanismos automáticos de exclusión frente a alertas internacionales de sospecha penal emitidas por gobiernos extranjeros.

LOS PAGOS POR QR
Durante la sesión de elección del Fiscal General del Estado, el 2 de octubre, la senadora Ana María Crispín expuso mediante una transmisión digital en vivo que supuestamente varios asambelístas negociaban su voto a cambio de transferencias bancarias por códigos QR con representantes del Escudo de las Américas, en un acto confuso.


Ante el hecho, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, aseveró que “si se comprueban los pagos por QR, los legisladores implicados deben ir de forma directa ante la Comisión de Ética”.


Ante este escenario, la diputada Lissa Claros, de Libre, formalizó la exigencia de aplicar una fiscalización financiera de carácter corporativo para transparentar el origen de los recursos. “Es urgente levantar el secreto bancario, la Unidad de Investigaciones Financieras debe investigar absolutamente a todos los involucrados, a familiares de primero y de segundo grado porque no puede ser que estas instituciones o los curules se sirvan básicamente para traficar, para negociar, para incumplir la corrupción, la impunidad”, declaró. 


Claros remarcó que la revisión debe ser generalizada para recuperar la credibilidad. “Ha salido una lista y es gravísimo, se relaciona a sus integrantes con delitos de corrupción, de narcotráfico. Hablamos de palabras mayores”, señaló sobre los casos de López y Pacheco.


Esta postura sobre la apertura financiera institucional sumó respaldo en la Cámara Alta de parte de asambleístas opositores. El senador Branko Marinkovic ratificó la necesidad de aplicar transparencia extrema en las cuentas. “Yo creo que mientras más transparencia hay en los manejos, será mejor”, dijo.