• Salud
  • Wilma Pérez

Representantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Santa Cruz, junto con activistas y juristas, interpusieron una acción de libertad contra la ministra de Salud, Marcela Flores, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco.

La acción busca resguardar el derecho a la vida y a la salud, garantizados en los artículos 15, 17, 32 y 37 de la Constitución.

La dirigencia del sector reportó la suspensión de tratamientos y quimioterapias debido a la falta de medicamentos esenciales en las farmacias estatales. 

La presidenta de la organización, Litzeher Zenteno, sostuvo que “no puede ser que un simple trámite administrativo pueda hacer perder la vida a varios pacientes con cáncer”.
Explicó que, a la fecha, la desactualización de la lista del Instituto Nacional de Medicamentos y Tecnología en Salud (Inamed) y las trabas burocráticas internas en la Gobernación impiden el suministro de insumos.  

A este escenario se suma la situación en el resto de los departamentos del país, donde pacientes con distintas patologías, entre ellas enfermedades renales, reportan desabastecimiento de fármacos o falta de pago a los centros de salud donde se somenten tres veces a la semana a una diálisis.

Además, todos los pacientes denunciaron que las farmacias privadas registraron un incremento en los precios de los medicamentos, a raíz de la escalada del valor del dólar en el mercado local.
Zenteno informó que desde hace meses cursó notas dirigidas tanto al Ministerio de Salud como a la Gobernación cruceña, pero no recibieron respuesta.

“Hemos redactado varias notas, hemos mandado una propuesta propositiva para solucionar este problema y no recibimos ninguna respuesta”, dijo 

Ante la falta de atención a las convocatorias de diálogo, los representantes de los enfermos anunciaron el inicio de procesos penales contra las autoridades correspondientes por el delito de incumplimiento de deberes. 

Los afectados recurren a actividades de recaudación como kermeses y rifas solidarias para intentar costear sus tratamientos en el sector privado; sin embargo, ante los altos costos, diversos pacientes abandonan sus esquemas médicos y se resignan. 

La acción de libertad interpuesta exige una resolución en 24 horas que ordene la continuidad ininterrumpida de la atención médica, quimioterapias y la provisión inmediata de insumos para niños, ancianos y mujeres en los centros hospitalarios de tercer nivel.