- Seguridad
- Armin Copa
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz demandó al Gobierno nacional el inicio de procesos jurídicos y diplomáticos contra el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. El gremio considera que la actuación del funcionario del vecino país afectó de forma severa el prestigio de las exportaciones forestales bolivianas. Mediante un pronunciamiento oficial, la institución manifestó su disconformidad con el desarrollo de las indagaciones vinculadas al cargamento de madera bajo sospecha de contaminación con sustancias ilícitas.
De acuerdo con el sector corporativo, la denuncia se fundamentó en una lectura equívoca de los análisis técnicos aplicados por las dependencias de control en Chile. Esta situación derivó en un escenario de desconfianza que alteró acuerdos comerciales vigentes y debilitó la posición estratégica de las compañías exportadoras en el mercado exterior. Debido a la ausencia de una rectificación pública por parte de las autoridades del país transandino, los representantes empresariales instaron a la Cancillería a formalizar una queja ante Santiago.
El conflicto surgió tras la difusión de un supuesto operativo aduanero y judicial en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, donde se reportó la retención de más de mil toneladas de madera provenientes de Bolivia. Aunque en un principio las entidades chilenas calificaron el hecho como una incautación histórica de narcóticos, el Órgano Ejecutivo boliviano aclaró que el caso forma parte de un seguimiento internacional previo coordinado desde el año anterior. Ante este panorama, la patronal cruceña solicitó celeridad para recuperar la credibilidad del sector comercial damnificado.