• Salud
  • Wilma Pérez

Tres fechas de entrega incumplidas, irregularidades en ítems y una inversión superior a los 700 millones de bolivianos paralizada exponen la ineficiencia en el Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel.  Cada día, la imponente estructura blanca domina la avenida Zabaleta en la ciudad de La Paz como la promesa de dar un salto cualitativo para la medicina nacional. Sus ventanales reflejan la luz sobre una obra concebida para convertirse en el centro asistencial y científico más especializado de Bolivia en enfermedades digestivas, cirugía de alta complejidad y trasplantes. 

Detrás de la fachada de cristal descansan quirófanos completamente equipados, unidades de terapia intensiva para adultos y niños, salas de endoscopia, laboratorios especializados, resonadores magnéticos y tomógrafos de última generación. 

Afuera, la masa de pacientes y familiares transita con dificultad rumbo a otros centros hospitalarios colapsados; pero en su interior reina un silencio total. El Instituto Gastroenterológico luce terminado desde hace meses, pero permanece sin capacidad de recibir a su primer paciente.

La obra demandó un desembolso superior a los 700 millones de bolivianos provenientes del erario público y se había proyectado el inicio de sus operaciones desde 2023. A tres años del vencimiento de aquel plazo, la diputada Cecilia Vargas denunció la acumulación sistemática de promesas rotas por parte del Ministerio de Salud. 

Durante esta gestión, hubo tres fechas oficiales consecutivas para la entrega del hospital, todas respaldadas en el cronograma del Sistema de Contrataciones Estatales y en las órdenes de cambio del proyecto. La primera se fijó para el 7 de enero; al no concretarse, se reprogramó para el 9 de abril, y finalmente se estableció el 4 de agosto. Cumplido este plazo, las puertas del recinto continúan cerradas sin que las autoridades brinden explicaciones sobre un nuevo cronograma de apertura. “Es una vergüenza tener un elefante blanco”, aseveró la legisladora.  En forma paralela a los retrasos en la infraestructura, la fiscalización legislativa sacó a la luz serias irregularidades en la administración de recursos humanos. 

Pese a la ausencia total de atención médica, en la planilla del instituto figuran 25 funcionarios administrativos que perciben sueldos mensuales bajo el argumento de labores preparatorias que se extienden de manera indefinida. La situación se agravó con la denuncia sobre la asignación, por parte del Ministerio de Salud, de 10 ítems para personal de enfermería otorgados a simple criterio directivo, tras omitir el concurso de méritos y los exámenes de competencia que exige la normativa. 

El origen del estancamiento abarca además problemas estructurales no resueltos en el predio. Un deslizamiento de tierra registrado en 2024 afectó la parte posterior del complejo hospitalario, lo que compromete de manera directa el área destinada al tratamiento y manejo de residuos hospitalarios, así como los espacios diseñados para Cirugía Experimental e Investigación. 

La falta de un plan técnico para estabilizar el talud mantiene la zona en condición de inseguridad e invalida la categoría de cuarto nivel del establecimiento, que radica precisamente en la formación médica especializada y la generación de conocimiento científico. 

Mientras tanto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), la cartera ministerial, la directiva del hospital y la empresa constructora se evaden responsabilidades mutuas, lo que imposibilita la recepción técnica y tecnológica formal de los equipos y la capacitación del personal para su manipulación.

A decir de la legisladora; “un hospital de cuarto nivel no cumple su función solo con su estructura, la cumple desde que atiende pacientes.