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  • Susana Salinas

Después de tres meses de sequía, una lluvia torrencial sectorizada cayó la madrugada de ayer en algunos municipios de Santa Cruz, pero no sobre las zonas en las que hay fuego activo.

Autoridades de la Gobernación de Santa Cruz confirmaron que llovió sobre San Ramón, El Puente, San Javier, Pailón, El Pozo del Trigre, Chihuahua, Cañada Larga, San Julián y en la zona sur de la capital oriental, aunque con baja intensidad y mientras eso sucedía, en el otro extremo cruceño, entre Guarayos, la Chiquitania, el Pantanal y el Chaco cruceño, la sequía y los incendios forestales no dan tregua.

Ayer, las Fuerzas Armadas realizaron un bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias y ayudar a aplacar los incendios que causan desesperación en poblados donde aún no sienten la presencia estatal.

El avance del fuego, las pérdidas y los daños en las comunidades donde arden los bosques y las zonas de cultivo desde hace más de tres meses convocó a líderes indígenas, de comunidades chuiquitanas, ayoreas, guarayas, guaraníes y mojeñas a sostener una reunión de emergencia en la capital.

Casi en forma paralela, el presidente Luis Arce y sus ministros instalaron en Santa Cruz un gabinete contra incendios, en el que el Mandatario ordenó reforzar el trabajo de los bomberos, llevar asistencia a las poblaciones afectadas y viabilizar ayuda internacional sin trámites burocráticos.

“Hasta ahora nos hemos callado, pero necesitamos ayuda”, dijo ayer Carlos Alberto Urquisa, primer gran cacique de la Organización Indígena Chiquitana OICH, que agrupa a 13 centrales y dos asociaciones de cabildos indígenas.

Mencionó que poblaciones de unas 1.000 comunidades, sufren por la falta de agua y la pérdida de sus medios de supervivencia. 

“Se han afectado los pocos reservorios de agua que teníamos, se han quemado nuestros cultivos, hemos perdido el ganado, en las comunidades ya sienten problemas de salud en los ojos, al respirar”, señaló al rechazar el Decreto Supremo 5225, por el cual se declaró el miércoles una pausa ambiental indefinida en todo el territorio nacional, que prohíbe las quemas, así como el anuncio de un proyecto de ley, con el que busca endurecer las penas para quien cause incendios forestales, con hasta 12 meses de reclusión.

“No nos beneficia en nada, nosotros queremos que se anulen las leyes que permiten las quemas a los ganaderos y a poblaciones migrantes de la región altiplánica que vinieron a nuestros territorios, ellos son quienes provocan los incendios que acaban con la Amazonia”, mencionó.

En el mismo sentido, Justo Seoane, ex cacique del pueblo chiquitano, indicó que “ya es tarde para la pausa, ya se quemó todo lo importante para nosotros”. 

Recordó que desde 2019 se presentan graves incendios en la Chuiquitania, “pero nadie hizo nada. Ahora está peor que hace cinco años”.

Por ello, Seoane pidió un programa contra los incendios en toda la Amazonia y con los demás representantes indígenas pidieron ayuda al Gobierno Nacional.