Es necesario que el Estado siente presencia en todos los rincones de la heredad nacional. Da la impresión de que los bolivianos no aprendemos las amargas lecciones que nos ha dejado nuestra historia desde 1825.

Bolivia nació a la vida independiente y soberana con alrededor de dos millones de kilómetros y a lo largo de 110 años perdimos alrededor de la mitad de ese territorio por abandonar nuestras fronteras. La última mutilación geográfica se produjo en 1935 durante la Guerra del Chaco.

El problema actual no se refiere a la posibilidad de sufrir mayores pérdidas de superficie, sino— y de pronto, lo que es peor en la actualidad— perder valiosísimos recursos naturales no renovables por la inacción de quienes tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública.

Lo sucedido ayer en Tipuani, un municipio ubicado a unos 270 kilómetros de la sede del gobierno, es un indicador de que son los ciudadanos quienes imponen la ley del más fuerte, pues el Estado no es capaz de hacer que se respete la Constitución, las leyes y las resoluciones de cualquier naturaleza.

Los cooperativistas mineros determinan cuándo y dónde deben buscar oro, un mineral cuya cotización mantiene una atractiva cotización al alza, por lo que resulta mucho más atractiva su explotación y comercialización.

En este caso, pensar en el control de un adecuado y justo pago de impuestos suena a utopía. Si no es posible mantener el orden público en las regiones en las que se explota el metal precioso, menos se va a pensar que funcionarios de los entes recaudadores podrán llegar a ese sector y fiscalizar los volúmenes explotados.

Lo propio debe decirse de algunas zonas fronterizas. Da la impresión de que sus pobladores son cómplices, cuando no autores directos del delito de introducir mercadería al país sin el pago de aranceles. Son contrabandistas o aliados de ellos, cuando menos, y no hay poder capaz de controlarlos.

En el norte tropical, la explotación irracional de madera es otro problema sin control.

La lista de ilícitos e irregularidades no parece tener fin.

Corresponde pues que las instituciones estatales administradoras de la violencia física, Fuerzas Armadas y Policía ejecuten su labor de una buena vez.