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El 75 por ciento de los privados de libertad del país se encuentran en cárceles de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Actualmente, en el país hay más de 31 mil personas encarceladas, según información proporcionada ayer por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Uno de los efectos directos que provoca el hacinamiento existente en cárceles del eje son las fugas de privados de libertad, la última de las cuales tuvo lugar días atrás cuando el fugitivo burló a su custodio al recibir médica en el hospital Benigno Sánchez, de Quillacollo.
“Pese a que se cuenta con alta tecnología en los centros penitenciarios, la cantidad de reos es demasiado alta y el efecto son las fugas que se ha registrado en esta gestión; pese a esto hemos logrado frustrar 15 intentos de huida en todo el país”, aseguró la autoridad.
A inicios de marzo, 17 reos escaparon de la cárcel de San Miguel, Uncía, hecho que puso en evidencia la falta de seguridad penitenciaria y que provocó que cinco policías sean sometidos a procesaos internos.
Actualmente, continúa la búsqueda de seis de ellos en diferentes puntos del país.
Uno de los penales con mayor índice de hacinamiento se encuentra en Cochabamba. Es la cárcel de San Sebastián, varones, que fue cerrada temporalmente desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año, por determinación de autoridades penitenciarias departamentales.
“La cárcel de San Sebastián varones tiene una capacidad de 300 internos, pero la cantidad se cuadruplicó. En su interior, hay más de 1.020 privados de libertad. Pese a las campañas de descongestionamiento, no podemos reducir los índices de hacinamiento”, refirió el director departamental de penitenciarías de Cochabamba, Tito Gonzalo Arce.
POLICÍAS PROCESADOS.
De enero a la fecha, 30 policías enfrentan procesos disciplinarios y penales por estar presuntamente implicados en fugas. En 2023, 90 policías fueron procesados y sancionados según datos de Régimen Penitenciario.
“Nos parece grave la complicidad de algunos funcionarios policiales en estos casos. Lamentablemente, los jueces no valoran estos hechos pese a comprobarse la complicidad flagrante en muchos casos de los uniformados. Pedimos nuevamente al Órgano Judicial coadyuvar para que las sanciones sean ejemplificadoras”, explicó Limpias.
Responsables de esta entidad gubernamental sostienen reuniones con autoridades judiciales con la finalidad de frenar el incremento de la población penitenciaria, a quienes propusieron reducir los índices de detención preventiva y reforzar las medidas cautelares a objeto de garantizar que los autores de hechos delictivos reciban oportunamente sentencia para que las víctimas no queden en indefensión y se evite el encierro de personas que deben considerarse inocentes.
Por: Carmen Challapa