- Política
- Armin Copa
La Cámara de Diputados determinó este jueves, mediante una resolución formal, que los responsables de las instituciones públicas tienen el deber de atender las solicitudes de fiscalización emitidas por el Legislativo. Esta normativa surge tras la reciente cancelación de un acto de interpelación dirigido al titular de la cartera de Hidrocarburos. La votación en el pleno alcanzó el respaldo total de los parlamentarios, quienes buscan asegurar el cumplimiento de sus facultades de control.
El documento aprobado establece que la comparecencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional resulta ineludible para las autoridades jerárquicas del Estado. Según el texto, solamente situaciones extremas de fuerza mayor o casos fortuitos justificarán la ausencia de los convocados. El presidente de la instancia legislativa, Roberto Castro Salazar, dispuso la notificación inmediata de esta medida a los órganos Ejecutivo y Judicial para su conocimiento oficial.
Esta decisión legislativa pretende evitar nuevas postergaciones en los procesos de rendición de cuentas que solicita la Cámara Baja. La resolución ya fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia para consolidar su alcance legal. Con este paso, el Parlamento busca fortalecer su rol fiscalizador y garantizar que los requerimientos de información reciban una respuesta oportuna por parte de la administración pública.