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  • Susana Salinas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una tormenta profunda que expone una severa fractura en su estructura interna y pone en entredicho la reserva de sus actuaciones de Sala Plena. La suspensión provisional de la vocal Celedonia Cruz Ayma abre un debate complejo sobre el debido proceso, la representación indígena, el manejo de información confidencial y el cumplimiento de los plazos legales previstos por la legislación vigente. 


Lo que se inició como una denuncia por inasistencia deriva en la actualidad en un escenario de acusaciones cruzadas que compromete la celeridad de la justicia electoral, de acuerdo con datos ofrecidos por Cruz.

DETONANTE

La Sala Plena determinó suspender a Cruz con base en una denuncia del ciudadano Peter Beckhauser, quien acusó, con documentos confidenciales, a la vocal electoral por faltar a cuatro sesiones consecutivas realizadas a finales de diciembre. 


Desde la perspectiva técnica de la institución, la medida cautelar busca investigar una presunta “falta muy grave” sin que esto signifique una condena anticipada. Sin embargo, el bloque denunciado —compuesto por la mayoría que integran el presidente Gustavo Ávila, la vicepresidenta Jimena Borges, y los vocales Carlos Ortiz y Ramiro Froilán Canedo— aplica el reglamento bajo la premisa de que las ausencias configuran una infracción objetiva. 


En contraste, Cruz alega que su inasistencia al acto de posesión obedeció a razones de fuerza mayor fuera de su departamento, y que en las citas posteriores, la propia Sala Plena le impidió participar por no contar con el acta oficial de juramento.

FILTRACIÓN
Uno de los puntos más críticos de esta crisis radica en el origen de las pruebas. La vocal Cruz cuestiona la legitimidad del denunciante externo y advierte de una grave vulneración a la seguridad del TSE, dado que los registros de asistencia y las discusiones internas deben ser confidenciales.


La hipótesis de una filtración interna cobra fuerza: datos que solo manejan los siete vocales y el Secretario de Cámara llegaron a manos de un particular sin un requerimiento judicial. 


Para los sectores que respaldan a la vocal procesada, este hecho evidencia un plan orquestado desde el propio Tribunal para sustituirla por una suplente presuntamente alineada con la mayoría, con el fin explícito de silenciar su persistente voto disidente en temas de personalidad jurídica, apelaciones y designaciones administrativas.

EL FACTOR INDÍGENA
La situación adquiere un tinte de mayor sensibilidad social al evaluar el rol de representación de la vocal. Cruz enfatiza que su presencia en el tribunal garantiza de manera directa el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, en especial de las mujeres de este sector. El caso entra en la paradoja porque el ente electoral debe defender los derechos políticos de los pueblos indígenas y su representación política.

MOMENTO CRÍTICO
La sanción se presenta en un periodo clave de transformaciones, en el que la institución analiza propuestas de base para modificar la normativa electoral vigente.


De este modo, la pugna jurídica trasciende el ámbito de la institución y repercute sobre las organizaciones sociales, que observan con desconfianza el apartamiento de una autoridad que da voz y respaldo técnico a los proyectos de las comunidades rurales dentro del sistema democrático.

EL PERJUICIO
Más allá de las pugnas personales, el verdadero perjudicado es el trabajo del TSE.
La vocal procesada advirtió de que la división interna bloquea la unidad institucional y provoca una alarmante retardación de justicia.


Los debates en Sala Plena carecen, según su denuncia, de fundamentación jurídica sólida y se resuelven por el simple peso del voto mayoritario, lo que posterga el análisis de las modificaciones normativas electorales y la atención oportuna a las demandas ciudadanas.


Mientras tanto, el reloj corre y los plazos procesales peligran ante el riesgo inminente de prescripción, el árbitro electoral proyecta una imagen enrarecida en la que las disputas internas y las intromisiones externas restan celeridad a las reformas urgentes que el país necesita de cara a sus próximos desafíos.