• Economía
  • Gregory Beltrán

El gabinete ministerial aprobó recientemente el Decreto 5768 para modificar algunos artículos del 5713, que crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), “destinado a mejorar los ingresos de las familias en situación de vulnerabilidad frente a los efectos de la coyuntura económica”. Con esta disposición se espera que se inicie el pago de forma “bimestral” hasta un monto total de 750 bolivianos a partir del próximo lunes.

LOS BENEFICIARIOS Y LOS EXCLUIDOS
La anterior norma establecía que este beneficio se pagaría de forma bimensual, sin embargo, la nueva disposición que se promulgó el lunes establece que “se efectuará de manera bimestral y por beneficiario, salvo para aquellos casos en que las personas legalmente habilitadas para el cobro actúen en representación de uno o más beneficiarios”.


Se ratifica que este beneficio consiste en la entrega de una transferencia “bimestral” de 250 bolivianos hasta alcanzar un monto máximo acumulado de 750 bolivianos. También se especifica los seis sectores beneficiarios; mujeres gestantes, incluidas personas menores de edad, así como madres, padres o titulares de cobro de niñas o niños inscritos en el Bono Juana Azurduy entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.


Las personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia al 30 de septiembre de 2026, incluidos quienes no alcanzaron aún los 18 años; las personas con discapacidad grave o muy grave que estuvieran registradas al 30 de septiembre de 2026; los padres de estudiantes hasta los 18 años de las unidades educativas fiscales y de convenio; las personas mayores de 60 años que perciben la Renta Dignidad; además de niños y adolescentes de centros de acogida y centros penitenciarios, cuyo pago se realizará por medio de la persona legalmente habilitada para el cobro, conforme a la nómina remitida por el Ministerio de Gobierno o las gobernaciones, según corresponda.


Además, la normativa establece las personas que no son beneficiarios, como aquellas que perciben rentas del Sistema de Reparto; quienes percibEn una pensión de jubilación; la pensión de riesgos previsionales; y quienes estén registrados como asegurados dependientes, consultores, cooperativistas mineros y otros que cuentan con aportes a la seguridad de largo plazo.


El artículo 12 autoriza a la Gestora Pública a incrementar para esta gestión el presupuesto necesario para “cubrir los gastos necesarios para la ejecución del PEPE II, en el marco de la normativa vigente”. Se esperaba la promulgación de esta normativa para cumplir el pago de este beneficio que fue anunciado por el Gobierno para este mes y que se prolongará por espacio de seis meses.