- Política
- Armin Copa
8/7/2025.- El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó este martes un proyecto de su "primer decreto" en caso de ganar la presidencia, denominado “Se acabó la fiesta”. La iniciativa busca un ahorro de 2.483 millones de bolivianos anuales mediante recortes drásticos en diversos gastos estatales, los cuales Doria Medina describió como "privilegios de una élite burocrática" que amenazan con hundir la economía en hiperinflación.
El proyecto de decreto contempla reducciones significativas, entre 40% y 60%, en partidas como publicidad (Bs 195 millones de ahorro anual), redes sociales (Bs 40 millones), pasajes y viáticos (Bs 250 millones), consultorías por producto (Bs 75 millones), consultores en línea (Bs 175 millones), mobiliario (Bs 327 millones), imprenta y papelería (Bs 117 millones), uso del parque automotor (Bs 101 millones), refrigerios (Bs 365 millones), compra de equipos de comunicación (Bs 195 millones), prendas de vestir y textiles (Bs 61 millones), y alquiler de inmuebles (Bs 82 millones).
Además, el decreto propone la suspensión de transmisiones de Bolivia TV y radios estatales por 60 días para discutir una ley que cree un Sistema Público de Medios de Comunicación Estatales independiente de los gobiernos de turno. El proyecto también plantea el cierre definitivo del periódico Ahora el Pueblo, al que considera un "instrumento de desinformación y de culto a la personalidad presidencial", con un ahorro de 20 millones de bolivianos anuales. Los gastos en ceremonias, fiestas y celebraciones sociales financiadas con recursos estatales (excepto las militares y del 6 de Agosto) se eliminarían al 100%, representando un ahorro de 82 millones de bolivianos. Doria Medina aseguró que, si es presidente, este decreto enviará un mensaje claro a funcionarios públicos y al país en sus primeras 100 horas de gobierno: "El mensaje es claro. Se acabó la fiesta. Tendremos un Estado a la medida de una economía en proceso de curación, los gastos corresponderán con sus ingresos". También suspende el pago de primas y bonos a funcionarios de las empresas estatales más importantes, y los gastos de representación a sus directivos.