Conflictos de límites

Que las leyes nacionales tienen lagunas y falencias no es algo novedoso, aunque sus efectos pueden resultar pavorosos. Es lo que ocurre con la ley que determina los difusos límites del municipio de Nuestra Señora de La Paz, la sede del gobierno, y dígase lo que se diga, la ciudad más importante del país.

Con base en uno de los muchos vacíos consecuentes de una deficiente labor legislativa, los gobiernos municipales circunvecinos conceden con alarmante irresponsabilidad autorizaciones para levantar edificios sin el menor cuidado.

Hace algunos años, sobre la avenida Costanera, de Calacoto, un desplome causó la muerte de un humilde trabajador. Investigaciones periodísticas dieron como resultado el dato de que funcionarios subalternos de una Alcaldía vecina presumiblemente habían dado el permiso para levantar la construcción de varios pisos ubicada sobre la avenida Monseñor Juan Quirós que, con recursos de La Paz, fue abierta, iluminada y después de los tendidos de agua potable y alcantarillado, fue pavimentada.

¿Pueden alcaldías vecinas reclamar jurisdicción sobre un área de estas características? No, pero si se apoyan en el favor político de sus correligionarios, podrán hacerlo con la seguridad de que nadie podrá objetar sus acciones, por mucho que, como en este caso, causen tragedias.

En el curso de esta semana, a unas calles de dos de las principales vías de la zona de Achumani, la calle 22 y la avenida The Strongest, un talud de 40 toneladas se desplomó sobre una vivienda construida en un terreno de propiedad municipal, según lo afirmado por el alcalde Iván Arias, aunque sus propietarios afirmaron que contaban con autorización de la comuna de Palca.

No hubo muertos porque la Divina Providencia así lo decidió, pero los daños materiales y físicos a los ocupantes de esa casa serán permanentes o durarán por largos años.

Es necesario que los legisladores corrijan de una vez por todas las deficiencias observadas en la delimitación de La Paz. Ellos tienen la obligación de imponer autoridad y sentido común.

Municipios que subsisten con enormes dificultades intentan ganar unos billetes con base en las disposiciones de las leyes de distribución de recursos por población y territorio, aunque sin fijarse en el costo en la vida y la salud de las personas. Es hora del final de la irresponsabilidad.

Por: Gonzalo Mendieta