• Salud
  • Wilma Pérez

L a Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) enfrenta un escenario crítico tras evidenciar que decenas de auditorías médicas externas, ejecutadas entre 2023 y 2025, carecen de validez legal, debido a que los informes fueron elaborados presuntamente  por personal no acreditado y carecen de firmas autorizadas. 

El director general ejecutivo de la entidad, Pedro Luis Flores, reveló que casi el 50 por ciento de las fiscalizaciones de ese periodo no sirven. “Las auditorías realizadas entre 2023 y 2025 en la Asuss no cuentan con firma autorizada, por lo cual carecen de validez legal”, afirmó y anunció que ya presentó los informes técnicos al Ministerio de Salud.

Según la normativa, la Ley 3131 y Decreto Supremo 28562, los responsables de estas evaluaciones deben ser especialistas en auditoría médica con certificación del Colegio Médico de Bolivia. Sin embargo, la revisión detectó que 18 personas contratadas bajo ese cargo sólo poseían diplomados o cursos de gestión, sin la especialidad requerida ni las 1.600 horas académicas exigidas para desarrollar estas tareas.

El IMPACTO 

El daño institucional y para los asegurados es de gran magnitud. La entidad identificó 149 informes emitidos sin firma ni sello oficial. Estos documentos evaluaban casos sensibles como presunta mala praxis, fallecimientos y secuelas en pacientes de los entes gestores, entre ellos las cajas Nacional de Salud y Petrolera, entre otras instituciones.

A este conflicto se suma un rezago administrativo. La Asuss registró 159 denuncias que quedaron pendientes de atención. En total, la nueva gestión debe procesar y resolver 308 casos acumulados para dar respuestas adecuadas a quienes buscan justicia médica sobre sus casos.

Un análisis de rendimiento demostró que la anterior administración no alcanzó ni el 25 % de la capacidad operativa esperada. Con el equipo de profesionales contratado, la proyección mínima era de 504 informes en tres gestiones; pero, la falta de pericia frenó los procesos.

La jefa de Fiscalización de la Asuss, Carola Rojas Arteaga, advirtió de que el ejercicio de funciones sin la acreditación configura responsabilidades administrativas y penales. 

Ante la presunta implicación de exfuncionarios en el ejercicio ilegal de la profesión, Flores anunció acciones legales.

Actualmente, la institución aplica una reestructuración y ya cuenta con nuevos auditores distribuidos en todo el territorio nacional. La meta fijada prevé la conclusión del trabajo rezagado hasta septiembre de este año.