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  • Freddy Grover

Con el fin de ejercer mayor control y tumbas disponibles para sepultar nuevos cuerpos, la Alcaldía de La Paz busca regular los, al menos, 31 cementerios clandestinos identificados en la urbe, informó la directora edil de las necrópolis paceñas, Érika Endara.

La mayoría de estos camposantos, dijo, fueron creados o habilitados por la propia población y no cuentan ni con licencia de funcionamiento ni ambiental para proceder al entierro de difuntos, entre otros requisitos legales.

“Hay al menos 31 cementerios ilegales identificados en La Paz, los vamos a legalizar para tener mayor control y los espacios suficientes para entierros. A la fecha estamos en proceso de legalizar los cementerios La Llamita y Vino Tinto”, explicó la autoridad edil.

En el caso del camposanto “La Llamita”, de la avenida Periférica, la autoridad informó que se espera contar con el manifiesto ambiental para reabrir sus puertas y brindar los servicios a la población. 

Destacó que se hizo mejoras en el predio, después de que pasó a administración municipal en 2022.
De acuerdo con un estudio realizado por la Alcaldía en 2013, en La Paz hay ocho cementerios legales, entre ellos está el Cementerio General y otros siete privados, como el Jardín, Los Andes, Celestial y otros.

Estos ocho espacios cuentan con licencia ambiental y ofrecen condiciones para su funcionamiento.

EXHUMACIONES

La Administración del Cementerio General notificó a familiares de 55 fallecidos para que reclamen los restos de sus seres queridos, pues serán exhumados el viernes, pero si no lo hacen serán trasladados a depósitos.

“Cada difunto ha cumplido su permanencia, de cinco años en cuerpo mayor y de tres en espacios menores. Notificamos a los dolientes para que hagan el retiro y se les dio 15 días hábiles para proceder a la exhumación”, indicó.
Instó a los familiares revisar la lista de los cuerpos que serán exhumados, en la página oficial de Facebook de la entidad.

Dijo que las familias pueden retirar el cuerpo, cremarlo o trasladarlo a otro cementerio, después de cumplir algunos requisitos y trámites establecidos por ley y los reglamentos internos de la necrópolis.

Se exige, claro está, el pago de los impuestos devengados como condición principal para evitar el entierro de los restos en una fosa común.