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La modernización de Derechos Reales, bajo la forma que pretendía el Gobierno, no se podrá llevar adelante debido a que varios sectores consideraron que el contenido del Decreto 5143 afectaba la propiedad privada, por lo que el presidente, Luis Arce, se vio obligado ayer a derogarlo. Esta decisión fue tomada luego de que el Mandatario sostuviera ayer una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad, quienes le transmitieron la inquietud generada por esta disposición legal.
Pese a esta determinación, representantes de los sectores sociales que exigían la derogación del decreto señalaron que mantendrán las medidas de presión que pretenden radicalizar a partir de la próxima semana con bloqueos y marchas de protesta, debido a que hay otras medidas emitidas por el Gobierno que afectan a los gremialistas y al transporte de carga internacional.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, señaló que la derogación del Decreto 5143 no impedirá la marcha prevista para el próximo lunes 20 y que sólo se podrá dejar sin efecto si el Órgano Ejecutivo atiende sus demandas.
RUEDA DE PRENSA.
Con la presencia del ministro de Justicia, Iván Lima, y representantes de sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Arce dio a conocer la decisión ayer en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, donde aseguró que el tema de la propiedad es sensible, por lo que el rechazo al mencionado decreto oculta fines políticos y un plan de desestabilización “para convulsionar el país”.
Tanto el Presidente como el principal dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, coincidieron en que las organizaciones sociales hicieron conocer su preocupación en reuniones y ampliados, por lo que se decidió adoptar esta determinación.
Junto al ministro Lima, reconocieron que el Decreto 5143 es una normativa cargada de buenas intenciones para garantizar la propiedad privada del pueblo boliviano, “pero seguramente hemos tocado intereses, intereses que no quiere que se modernice Derechos Reales y también hemos tocado un elemento que es sensible en la población”, admitió Arce.
PROPIEDAD PRIVADA.
En su intervención, el ministro Lima explicó que la Constitución garantiza la propiedad privada, además de que impide que algún decreto pueda afectar las posesiones de las familias bolivianas.
Lima dijo que el Decreto 5143 buscaba garantizar la seguridad jurídica del pueblo boliviano, frente a quienes crean inseguridad, corrupción y avasallamientos.
La autoridad indicó que esta determinación se adoptó después de 15 años de vigencia de la Constitución y de 137 años de vigencia de la Ley de 1887, que establece el registro de la propiedad en Derechos Reales, por lo que se trata de atender la necesidad modernizar este servicio con la implementación de tecnologías con los que actualmente cuenta la humanidad en su conjunto.
En este sentido, refiró que la normativa buscaba la plena vigencia de la Carta Magna que indica que en coordinación con el registro municipal se debe garantizar la propiedad privada, pero también rechaza la apropiación ilegal, el loteamiento y el estelionato. “Debe existir transparencia, modernización de los sistemas informáticos y control social”.
En opinión del Ministro de Justicia, el Decreto 5143 tenía el objetivo de rescatar la naturaleza municipal de registro de la propiedad, debido a que incluso hay municipios que no tienen inscritos ni siquiera los predios donde funcionan sus oficinas. Hay lugares, como la plaza Murillo, que no tienen registro de propiedad, además hay trámites para la inscripción de una casa, de un departamento de la propiedad de la familia boliviana, manifestó.
La autoridad observó el tiempo que se tarda en registrar una propiedad, que puede durar meses e incluso años sin que el proceso concluya. Se calcula que hay más de un millón de trámites que actualmente se encuentran paralizados en Derechos Reales.
El dato que proporcionó Lima es que esta norma de registro en Derechos Reales pretendía bancarizar el pago de los aranceles debido a que ahora los usuarios estos depósitos se hacen en las cajas de los municipios sin control y durante la pandemia se obtuvo los mismos 600 millones de bolivianos que se recaudan cada año. “Es una caja negra, es una caja que no tiene control, que no tiene fiscalización”, se lamentó.
Buscábamos la transparencia, enfatizó Lima, quien acotó que implementar la digitalización en Derechos Reales permitiría mejorar seguridad del sistema informático y contribuiría a que el Consejo de la Magistratura administre un sistema sólido, pues hay 38 sistemas informáticos que no dan seguridad al pueblo, apuntó.
TRABAJADORES.
A su turno, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, informó que sostuvieron una reunión de emergencia pues la disposición derogada dio origen a especulaciones, que fueron la base de los debates en las asambleas realizadas por los trabajadores bolivianos.
En su criterio, las críticas que se difundieron principalmente por las redes sociales estaban cargadas de los intereses políticos de la derecha tradicional y de la nueva línea conservadora, ante los intentos de “ayudar” al pueblo.
Reveló que “algunos empresarios” impulsaron las protestas, aunque luego de escuchar la demanda de los trabajadores, se decidió derogar la norma para evitar especulaciones y críticas.
Con esta decisión, el Gobierno aguarda que cesen las protestas que habían sido promovidas principalmente sectores de la oposición y algunas organizaciones que protagonizaron movilizaciones en La Paz, Oruro y Santa Cruz.
Por: Gregory Beltrán