Vivir en Bolivia con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es muy complicado. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que desde 1984, cuando se reportó el primer caso en el país hasta el momento, se han reportado 39.090 casos, de los que 1.021 tuvieron un desenlace fatal. Las estadísticas son frías y nunca ponen de manifiesto la realidad de las cosas, aunque saber que el 54 por ciento de los infectados por el virus no recibe medicación. 

Los antirretrovirales son necesarios para mantener con una calidad de vida lo más normal posible a las personas afectadas por el VIH e impiden que éstas puedan desarrollar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (Sida), que es mortal, pues cualquier infección oportunista puede acabar con la vida de los individuos. 

Es por ello, muy importante que se desarrollen agresivas campañas de información a objeto de que las personas no contraigan este mal, que se transmite solamente por cuatro vías. Éstas son mantener relaciones sexuales sin protección; compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings o agujas para tatuar sin que, previamente, hubieran sido esterilizadas como es debido; transfusiones de sangre contaminada o a través de la placenta de la madre al hijo en el momento del nacimiento. 

Es necesario que se multipliquen las campañas de detección de potenciales infectados en todas las ciudades y municipios del país, pese a que el informe de la Defensoría del Pueblo estableció que casi nueve de cada 10 casos se presentan en el eje central del país y que la mayor parte de ellos se concentra en el departamento de Santa Cruz. 

Un permanente motivo de queja de las personas que viven con el VIH es que los medicamentos imprescindibles para cuidar su salud suelen faltar en los centros de aprovisionamiento. Es una responsabilidad del Estado proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Uno de estos es de los portadores del VIH. 

Al final de cuentas, para algo todos los bolivianos nos vemos en la obligación de pagar impuestos, so pena de enfrentar procesos judiciales.