El megapuerto de Chancay ofrece a Bolivia la posibilidad de dejar de depender de las imposiciones abusivas de Chile, que vulneran los alcances del Tratado de Paz y Amistad suscrito para poner fin al conflicto bélico del Pacífico y que mutiló al país.
La reducción de tiempos de viaje entre la costa sudamericana y el continente asiático, los costos operativos sensiblemente más bajos de ese puerto en comparación con otros, la rapidez y seguridad con que se manejarán los envíos y otros factores permiten avizorar mejores condiciones para las exportaciones e importaciones del país.
Es necesario, sin embargo, contar con una carretera adecuada y segura que permita alcanzar desde el territorio nacional esa terminal portuaria ubicada a 80 kilómetros al norte de Lima en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones que se pueda encontrar.
Aunque hay una vía por la que se puede demorar unas 72 horas en cubrir la distancia desde el departamento de Santa Cruz debe haber otras posibilidades, una de las cuales es el tren bioceánico que China ha ofrecido financiar con una inversión varias veces multimillonaria y que debe vincular el puerto brasileño de Santos, sobre el océano Atlántico, con el de Ilo, sobre el Pacífico.
Para ello, sin embargo, será necesario ofrecer garantías a los inversionistas y a las empresas que habrán de emplear los servicios de ese ferrocarril. Ello pone nuevamente en agenda una ley que prohíba los bloqueos de carreteras y los sancione con durísimas penas de cárcel, sin que ello signifique criminalizar la protesta social, que siempre será un derecho de todas las colectividades.
Chancay ha despertado una profunda preocupación en el norte de Chile. Los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta están orientados a prestar servicios de comercio internacional a Bolivia, que ahora tendrá una importantísima posibilidad de acceder a los mercados de ultramar bajo otras condiciones, que ya no serán impuestas.