En el corto plazo de ocho días, dos efectivos policiales fueron atrapados en operativos rutinarios por sus propios camaradas cuando trasladaban 80,5 kilogramos de cocaína. Uno de los uniformados fue atrapado en el departamento de Santa Cruz. Su persecución tuvo ribetes de película hasta que fue capturado. El grado de teniente coronel, que ostenta este oficial, muestra que se trata de un elemento preparado y con estudios de criminología y todos los requisitos necesarios para alcanzar los mandos en la institución del orden. El segundo fue arrestado cuando se desplazaba en un vehículo sobre la carretera que une La Paz con Oruro. Llevaba nada menos que 57 kilos del alcaloide y al ser atrapado, se limitó a presentarse como “funcionario policial” destinado como cocinero del Comando de La Paz, por lo que para abandonar la sede del gobierno debió contar con un pasaporte policial que lo autoriza a dejar la sede de sus funciones, aunque las autoridades policiales digan que estaba en sus días libres. Si portaba ese documento, cabe preguntarse ¿quién se lo concedió? Tal vez, alguno de sus cómplices o los encargados de cumplir esta labor en la institución fueron engañados. En forma casi simultánea, una mujer sufrió abusos en el céntrico Viaducto Potosí, de la ciudad de La Paz. El hecho delictivo se produjo en un sitio especialmente peligroso que no contaba con vigilancia de los responsables de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La conclusión es sencilla. Mientras unos policías corruptos se dedican al narcotráfico, otros —¿la mayoría?— no cumple la labor por la que el Estado les paga sus sueldos con recursos que pertenecen a todos los bolivianos. En este caso, no corresponde analizar si los ingresos de estos uniformados son altos o bajos. Deben llevar adelante funciones de vigilancia que aceptaron a tiempo de inscribir en los centros de formación de oficiales y sargentos. Queda claro que es necesario que la Policía deje de llevar adelante trabajos de corte burocrático y se concentre en la misión que se le encomendó desde su creación, en 1826: garantizar la seguridad interna y combatir la delincuencia y la corrupción. No delinquir ni corromperse.