• Sociedad
  • Wilma Pérez

Después de jornadas de movilización y enfrentamientos registrados en distintas regiones del país entre el magisterio urbano de Bolivia y la Policía, el Gobierno y la dirigencia del magisterio rural firmaron un acuerdo bajo mediación de la Defensoría del Pueblo que establece la suspensión temporal del anteproyecto orientado a transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones.

El acuerdo estipula que se ejecutará una evaluación integral y participativa mediante mesas regionales de cada uno de los institutos técnicos y serán los resultados de este proceso que definirán si corresponde o no trasladar su administración a las gobernaciones departamentales. 


Desde hace 15 días, los maestros urbanos se movilizan en contra de la descentralización de la educación y desde hace nueve días mantienen piquetes de huelga de hambre en más de 50 puntos del país, algunos profesores fueron dados de baja y otros los reemplazaron. El martes, estudiantes y profesores de los institutos tecnicos de La Paz y El Alto fueron reprimidos cuando intentaban bloquear la autopista que une a las dos ciudades, producto de ellos cuatro profesores fueron heridos y unos 30 manifestantes quedaron arrestados.


Con ese antecedente, el acuerdo generó un total rechazo del magisterio urbano. Su principal dirigente, Wilfredo Ajllahuanca, calificó el pacto como una “traición” y un acuerdo “inconsulto y de espaldas a sus bases”. El dirigente criticó que el documento se limite a suspender el proyecto en lugar de anularlo definitivamente y advirtió de que las mesas técnicas carecerán de equidad en la representación, “como suele darse” en estos casos. 


En esa misma línea, el dirigente cruceño Lorenzo Chávez anunció que su sector se mantendrá en estado de emergencia y evaluará paros escalonados. Exigió, además, un debate público al ministro de Educación, Érick Sanjinés.   


La secretaria ejecutiva de la Federación de La Paz, Anahí Bozo, anunció que el sector se reunirá en una Conferencia para determinar la fecha del paro de 72 horas decidido para la próxima semana, además de la masificación de la huelga de hambre. “Hoy abrimos un nuevo piquete en La Casona, son representantes de otras federaciones del interior del país”, dijo.


Ante el delicado escenario, la Central Obrera Boliviana (COB) intervino para expresar su pleno respaldo a los maestros urbanos.
El principal ejecutivo de la organización de trabajadores, Mario Argollo, anunció la realización de un ampliado nacional para sumarse formalmente a la lucha en defensa de la educación fiscal y gratuita, criticó la actuación policial durante las recientes protestas y exigió la dimisión del Ministro de Educación por el mal manejo del conflicto educativo.


Respecto al acuerdo, Sanjinés afirmó que con la firma se permitirá construir un nuevo modelo de gestión y sentar las bases para una nueva normativa que optimice la calidad educativa en el país. 


En tanto, el secretario ejecutivo del magisterio rural, William Mendoza, justificó la firma al señalar que no se podía avanzar en una medida de esta magnitud sin conocer a fondo la realidad de los centros en cada departamento y justificó la transferencia de los institutos.