• Economía
  • Gregory Beltrán

Hace 20 años el entonces presidente Evo Morales procedió a nacionalizar la principal empresa de hidrocarburos, YPFB, con la promulgación del decreto 28701 denominado “Héroes del Chaco”. Esa medida, si bien logró mejorar las recaudaciones para el naciente Estado Plurinacional, representó una paulatina reducción de la inversión privada que la actual gestión pretende revertir. El proyecto de la nueva Ley de Inversiones que el gobierno pone a consideración de los sectores empresariales contempla la posibilidad de una estatización, pero a diferencia de lo que ocurrió en 2006 se propone que el mismo pase por la consideración de la Asamblea Legislativa y el respectivo pago de una indemnización.

Los encuentros de socialización.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, es el encargado de socializar esta propuesta con los sectores empresariales. En principio sostuvo un encuentro con los agroindustriales de Santa Cruz y posteriormente con los miembros de la Asociación de Bancos Privados (Asoban) para darles a conocer los detalles del Proyecto de Ley de Inversiones.

“Bolivia necesita decisiones con sentido de urgencia. Desde Cainco apostamos por estos espacios de diálogo directo entre el sector privado y el gobierno, con el deseo de que sean constantes y fructíferos”, señalaron los empresarios cruceños luego de reunirse con la autoridad.

Uno de los ejes de la normativa, que se enviará a la Asamblea, busca consolidar un marco de mayor seguridad jurídica, fortalecer la confianza de los inversionistas y generar mejores condiciones para impulsar el crecimiento económico del país.

Espinoza sostuvo que todo proceso de expropiación o nacionalización deberá contar con autorización previa de la Asamblea Legislativa y el pago de la correspondiente indemnización con el propósito de garantizar que estas medidas se desarrollen bajo reglas claras, transparencia y pleno respeto al marco legal.

El titular de Economía destacó que fortalece la protección integral de las inversiones al resguardar el patrimonio de los inversionistas, incluidos los activos tangibles e intangibles, las utilidades y los derechos adquiridos, además de establecer igualdad de condiciones tributarias y laborales para la inversión, tanto nacional como extranjera.

Esta propuesta que se encuentra en etapa de socialización incorpora la restitución de mecanismos de arbitraje internacional para posibles controversias comerciales en sectores que distintos al de hidrocarburos con el objetivo de reforzar la previsibilidad y la confianza para atraer nuevas inversiones, señala el informe del Ministerio.