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Sectores sociales, agrupados bajo la organización política EVO-Pueblo, resolvieron postergar ayer la “Marcha por la salvación de la patria”. El objetivo de la movilización es avanzar hacia la sede del gobierno en rechazo al Decreto Supremo 5716, mediante el que se retira la subvención estatal al diésel para aplicar un esquema de costos del mercado internacional.


Aquilardo Caricari, principal dirigente de los interculturales, explicó que la nueva fecha para el inicio de la movilización se definirá en un ampliado, del que no precisó cuándo y dónde tendrá lugar. Se limitó a decir que se realizará próximamente, aunque deslizó la posibilidad de que la columna podría comenzará este viernes 16.


Aparentemente, uno de los motivos de la postergación consiste en que se esperan las decisiones que adoptarán afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y otras organizaciones gremiales, sindicales y sociales que deben incorporarse a la acción de protesta nacional.


Pese a ello, ayer, los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y delegados de los nueve departamentos sostuvieron un encuentro de coordinación en el municipio de Shinahota. En esa reunión definieron en principio la logística del traslado hacia los tres puntos de concentración en la carretera interdepartamental: Caracollo, Patacamaya y Lahuachaca. 


De acuerdo con los organizadores, el plan de las bases sindicales contempla un avance a pie sobre el asfalto hacia La Paz, además de cortes de ruta intermitentes bajo el denominado “plan Hormiga”.


Frente a la posibilidad de alguna intervención de las fuerzas del orden, el dirigente cocalero Isidro Auca aseveró que la columna ingresará a la ciudad de La Paz “con o sin represión”.


Por su parte, el Gobierno ratificó la vigencia del estado de excepción, medida que regirá en todo el territorio nacional hasta diciembre. Desde Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz marcó la postura oficial respecto a los límites de la movilización.


Los ciudadanos “tienen todo el derecho a la protesta, a levantar la voz”, manifestó el Mandatario, pero aclaró de forma taxativa que lo que “no tienen es el derecho a bloquear, porque eso le hace daño a la gente”.


En sintonía con este mensaje, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, comunicó que el Estado mantendrá expeditas las vías mediante el uso proporcional de la fuerza pública si la caminata deriva en cierres de rutas. “El Gobierno responderá conforme a la ley”, advirtió en rueda de prensa.


En ese entendido, fuerzas del orden intervinieron ayer en el puente de Tarata, provincia Esteban Arce, Cochabamba, para frenar y despejar una marcha de pobladores y productores locales que intentaron ocupar la vía principal en protesta por el encarecimiento del diésel y el costo de vida.


A su turno, la Central Obrera Boliviana (COB) evaluará en un ampliado nacional de emergencia, programado para este jueves, si suma a sus bases.