- Sociedad
- Fabiola Alvarado
21/1/2025.- Los actores de la cadena productiva y de abastecimiento, incluyendo empresarios, transportistas, gremiales y cuentapropistas, anunciaron una movilización para el 10 de febrero, exigiendo la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE).
Esta disposición autoriza el decomiso de productos en caso de retención o encarecimiento de precios, lo que el Gobierno defiende como una medida para proteger a los consumidores. Sin embargo, los sectores afectados califican la normativa como arbitraria y un posible instrumento de extorsión.
En un pronunciamiento emitido tras una reunión en La Paz, los representantes exigieron no solo la anulación de la disposición, sino también la implementación de un modelo de desarrollo basado en la propiedad privada, la seguridad jurídica y el acceso a la tecnología. Asimismo, plantearon trabajar en una ley para proteger a prestatarios ante embargos y remates por la falta de circulante.
Previo a la movilización, los sectores realizarán otra reunión el 30 de enero en Sucre para definir nuevas acciones. “El Gobierno tiene una oportunidad histórica de derogar esta disposición y enviar una señal positiva al país”, afirmó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
Los sectores reconocieron el impacto que podrían generar las medidas de presión, pero argumentaron que son necesarias para defender sus derechos y la estabilidad económica.