- Economía
- Armin Copa
4/12/2024.- Las principales cámaras empresariales del país, como CAO, CANIOB, CANEB y la Cámara Nacional de Industrias, emitieron un comunicado expresando su firme rechazo a la Disposición Adicional Séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece la confiscación y decomiso de productos a las empresas. Las organizaciones empresariales solicitaron la eliminación total de esta disposición y advirtieron sobre las graves consecuencias que podría generar su aplicación.
El sector privado manifestó que no participará en procesos de reglamentación relacionados con esta disposición y llamó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a no aprobar normas que vulneren derechos fundamentales, como la libertad de producción y comercialización garantizados en la Constitución.
El comunicado también alerta que, de aprobarse esta norma, se intensificará la inseguridad jurídica, desincentivando la inversión nacional y extranjera, y afectando el desarrollo económico del país. Asimismo, señalaron que esta disposición podría fomentar un entorno propenso a la arbitrariedad y la extorsión de funcionarios públicos, agravando el desabastecimiento de productos esenciales y perjudicando a la población.
Las cámaras empresariales reiteraron su compromiso con el desarrollo económico del país, pero subrayaron la necesidad de un marco normativo que garantice la estabilidad y promueva la producción y exportación, en lugar de obstaculizarlas con medidas que consideran inadecuadas.
