Actualmente, la arquitectura estatal tiene base en cuatro órganos, aunque hasta la puesta en vigencia de la actual Constitución, el Estado se apoyaba solamente en tres poderes. En los primeros años de la existencia de Bolivia, como país soberano, tuvo cuatro: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, pero la práctica inexistencia de una sostenida democracia dio lugar a la automática desaparición de ese poder y hasta 1979, cuando se requería convocar a elecciones, el Gobierno formaba por decreto a la entonces
denominada Corte Nacional Electoral.
De hecho, esta institución era una dependencia gubernamental más y, como tal, quedaba supeditada incluso a las decisiones políticas de los gobernantes de turno.
Cuando los regímenes autoritarios cedieron terreno y la naciente democracia boliviana se fortalecía, los partidos políticos mayoritarios consideraban a la Corte Nacional Electoral como un apéndice estatal más y, por lo tanto, susceptible de ser objeto de “cuoteo”.
La famosa “banda de los cuatro” de 1989 fue el mejor ejemplo de lo afirmado, pero ese mismo sistema político decidió buscar a un grupo de “notables” que se encargue de arbitrar los procesos electorales en Bolivia. Así, personalidades intachables de la talla de Huáscar Cajías Kaufmann o Luis Ramiro Beltrán Salmón, para citar sólo a dos, presidieron el organismo, que condujo procesos electorales limpios y transparentes, aunque la atomización del voto ciudadano entre fueras políticas diferenciadas solamente por matices impidió la presencia hegemónica de una corriente ideológica, ante lo que el modelo neoliberal se estableció en Bolivia con sombras y luces.
Después de la puesta en vigencia de la actual Carta Magna, se reactivó el cuarto poder formal del Estado: el Órgano Electoral Plurinacional, que fue incapaz de hacer frente a una primera crisis de magnitud, cuando el resultado de los comicios de 2019 no fue concluyente y una interrupción en el sistema de transmisión rápida de resultados dio lugar a denuncias, nunca comprobadas, de fraude, que derivaron en la caída de Evo Morales.
Los actuales vocales de esta institución pública no tienen —preciso es reconocerlo— el perfil de sus notables antecesores, pero no por ello, se puede desconfiar de su imparcialidad y tienen por delante una tarea importantísima: ser garantes de la democracia
boliviana y proyectarla al futuro se incrementará notablemente.
Planificación es lo que se necesita para desarrollar una provincia tan valiosa.
