- Seguridad
- Carmen Challapa
11/2/2025.- Policías dados de baja por vínculos con organizaciones criminales recurren a la Justicia ordinaria para anular su desvinculación, utilizando amparos, sentencias y otras medidas legales, y en algunos casos, incluso logran que la Policía les pague los salarios atrasados durante su encarcelamiento.
El Ministerio de Gobierno y la Policía están trabajando juntos para crear un registro estadístico que ayude a identificar a los policías que han utilizado su posición para establecer vínculos con delincuentes de diversas especialidades, convirtiendo esto en un modo de vida.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, anunció que se llevará a cabo una reunión en los próximos días con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. El objetivo de esta reunión es evaluar las irregularidades que han permitido a policías con antecedentes delictivos ser reincorporados o beneficiados.
“Estamos elaborando una estadística para conocer cuántos policías y cuántas veces han retornado a la institución de manera irregular. Para ello, ya hemos tenido una reunión con el Comandante General y con los presidentes del Tribunal Disciplinario, la Fiscalía General y la DIGIPI (Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía)”, explicó.
Se prevé que este encuentro se realice a más tardar la próxima semana, con el objetivo de que el Ministro de Gobierno presente los resultados de un estudio estadístico que se ha venido elaborando para evaluar la situación actual de la institución y que estará listo para fin de mes.
Bajas institucionales
El presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, Edgar Cortez, informó que entre el 1 de enero y el 10 de febrero, se hicieron efectivas 14 bajas definitivas de efectivos policiales que cometieron faltas disciplinarias graves.
En los casos más relevantes, en los que están involucrados efectivos policiales, las bajas se dictaron en el menor plazo de tiempo establecido por la Ley de Régimen Disciplinario 101.
El pasado jueves, el sargento primero Mario Vidal Soria fue dado de baja definitiva de la Policía, sin derecho a reincorporación, después de que se descubriera que supuestamente había vendido su arma de fuego a un recluso de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, arma que posteriormente fue utilizada para asesinar a otro recluso.
El 1 de febrero, el Tribunal Departamental de la Policía de Potosí ordenó la desvinculación del mayor Ruddy Gabriel Rojas, exgobernador de la cárcel de Uyuni, debido a su presunta relación con una organización delincuencial y de corrupción.
El comandante general de la Policía, Juan Russo, solicitó a la población que no pierda la confianza en la institución a pesar de las irregularidades presentes.