- Política
- Armin Copa
Un dictamen del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó una afectación económica de 47,8 millones de bolivianos al Estado por la primera adquisición de 60 buses municipales en La Paz. El informe técnico señala irregularidades como el pago de sobreprecios, la omisión en la ejecución de boletas de garantía y multas no aplicadas tras el incumplimiento de contrato por parte de la empresa proveedora. Esta auditoría especializada complica el panorama jurídico del exalcalde Luis Revilla, quien enfrenta procesos por delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El análisis pericial indica que cada vehículo tuvo un costo excedente aproximado de 70 mil dólares y que el proceso de contratación careció de un estudio técnico y ambiental adecuado. Según la denuncia impulsada por dirigentes vecinales y respaldada por la Procuraduría General, los motorizados entregados no coinciden con el prototipo ofertado originalmente, pues presentan capacidades inferiores para la topografía de la ciudad. El documento, que consta de cientos de páginas con respaldos documentales, ya se encuentra bajo custodia de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Ante estos hallazgos, la parte acusadora solicitó la detención preventiva del exburgomaestre en la audiencia de medidas cautelares fijada para el próximo 4 de marzo. El Ministerio Público mantiene vigente una orden de aprehensión contra la exautoridad, quien no compareció ante la justicia en los últimos meses. El caso también involucra a otros exfuncionarios municipales y se prevé la realización de nuevas auditorías sobre las compras posteriores del sistema de transporte masivo para esclarecer el manejo de los fondos públicos.