- Política
- Susana Salinas
Tanto autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados coincidieron, en forma separada, en que la votación ciudadana para las elecciones judiciales parciales no podrán ejecutarse durante este año.
Los tiempos mínimos exigidos por la legislación vigente y la ausencia de una partida financiera consolidada postergan de manera indefinida la formación plena del Órgano Judicial, al menos hasta primeros meses del proximo año.
Después de la conclusión del receso parlamentario de medio año, la Cámara de Diputados reanudará esta semana el tratamiento en detalle del proyecto de Ley Transitorio de Convocatoria para la Preselección de Postulantes. Dicha propuesta, impulsada inicialmente en respuesta a las observaciones de las bancadas de la Alianza Libre, cuenta con 20 de sus 35 artículos aprobados en su estación en grande por la comisión.
El debate central radica en la disparidad de los cronogramas que proponen los distintos estamentos estatales.
El proyecto de ley transitoria que maneja la Cámara Baja plantea un periodo excepcional de 200 días para realizar el proceso. Bajo este esquema, la Asamblea dispondría de 50 días calendario para recibir, evaluar y preseleccionar a los postulantes a través de exámenes orales y entrevistas públicas estructuradas. Posteriormente, el Órgano Electoral asumiría un plazo de 150 días exclusivos para la logística del sufragio nacional.
No obstante, la realidad jurídica actual difiere de esa propuesta de emergencia. El vocal electoral, Carlos Alberto Goitia, aclaró ayer que la normativa general vigente obliga al cumplimiento de un cronograma rígido de 230 días corridos, casi ocho meses.
Esta estructura legal asigna de manera inamovible 80 días al Legislativo para la fase de preselección y 150 días estrictos al Órgano Electoral para coordinar las mesas de votación a escala nacional, en cumplimiento de la normativa.
“Durante este año ya no podrá llevarse adelante esta elección, salvo que se produzca una reforma electoral”, advirtió Goitia al evaluar los plazos acumulados.
A este criterio se sumó la secretaria técnica de la Comisión de Constitución de Diputados, Kathia Saucedo, quien admitió públicamente que los plazos materiales impiden cualquier jornada electoral antes de este año.
La funcionaria manifestó su expectativa de que la Asamblea logre concluir la fase de evaluación de méritos en los meses venideros, de modo que la votación ciudadana en las urnas pueda programarse para inicios del próximo año.