De acuerdo con los datos preliminares poblacionales del reciente Censo, 57 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Un estudio de la Fundación Jubileo, que pertenece a la Iglesia Católica, da cuenta de que los recursos económicos que les asignará el nivel central del Estado a esas jurisdicciones ediles sólo alcanzarán para pagar las planillas de sueldos y dietas de las autoridades y los concejales. Nada más.
Por ello, que estas alcaldías pretendan establecer dependencias destinadas a la protección de ancianos, niños o enfermos, que mejoren la infraestructura de unidades educativas o de postas de salud suena francamente a utopía.
Esto significa que uno de cada seis de los 343 municipios en que está dividido el territorio nacional —en realidad, siete de los cuales son gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos— se encuentran en esta situación.
Cabe preguntarse, entonces, si es que la creación de estas alcaldías obedeció realmente a criterios lógicos o si fueron producto de la demagogia.
Como es de suponer, al ser tan pequeños estos municipios es imposible que puedan generar recursos propios por lo que dependen de las transferencias del Gobierno.
Por ello, Jubileo se pregunta si es conveniente la fusión o crear mancomunidades para encarar las tareas administrativas, aunque es poco probable que acepten unirse, pues la separación obedece incluso a la enemistad personal entre vecinos.
Es un tema complejo que debe ser resuelto en forma paralela a la discusión referida al debate sobre la nueva distribución de recursos sobre la base de los resultados censales.
Uno de los principales problemas a la hora de planificar políticas públicas de lo que se denomina desarrollo nacional es el desequilibrio entre regiones y si éste se presenta en áreas geográficas próximas entre sí, es peor.
Es necesario repensar cómo articular los niveles de administración pública. Con la Participación Popular pareció simplificarse lo que parecía tan complejo al dividirse el Estado en Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías, lo que de hecho dejó sin razón de ser a las provincias, salvo porque en las capitales funcionan ciertas dependencias oficiales, como los juzgados.
¿Será preciso obligar a que los municipios pequeños formen alianzas intermunicipales bajo una sola autoridad?