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“La Ley 348 surge por el feminicidio de Hanalí Huaycho, no sale de una voluntad legitima de la sociedad. Con nuestro equipo de Mujeres en Busca de Justicia, notamos que la ley tiene varios defectos y vacíos jurídicos que hicimos notar en su momento, pero no fuimos escuchadas”, afirmó la activista del colectivo Mujeres Creando, María Galindo.
El 9 de marzo de 2013, el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia). Desde entonces, el colectivo ha buscado modificar y reformular la norma para garantizar a las mujeres y población LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) que vivan sin sufrir acciones violentas.
En criterio de la abogada de Mujeres Creando, Heidi Gil, el primer error “craso” se localiza en el artículo 5, que refiere que sus disposiciones serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia identificadas, independientemente de su género, “o sea, incumple las recomendaciones internacionales, porque a partir de ese artículo no solo es la mujer y la población LGTBI que se amparan con la ley, sino también los varones. Sabemos que los varones se creen víctimas y están denunciando a las mujeres”, apuntó la jurista.
Otro error es que no tiene un procedimiento especial, sino que mantiene las prescripciones de la Ley 1970, que fija seis meses de investigación, tres años para abrir juicio, sin una ejecución clara para una sentencia.
Según Galindo, esta ley es un instrumento de impunidad, porque todas las formas de violencia machista se cargan al campo penal, cuando las mujeres no pertenecen a lo que considera una tradición “punitivista”.
Al haber violencias extremas y graves deben ser llevadas al ámbito penal, pero aclara que hay otras formas de violencia machista, que se pueden resolver con premura, inmediatez al dar a las mujeres las debidas medidas de protección y garantías.
“Hemos sido críticas de la Ley 348 desde el día de su promulgación, pero de ninguna manera, vamos a aceptar que las críticas que planteamos sirvan para descalificar la lucha contra la violencia machista, que es legítima y que necesita instrumentos jurídicos específicos y constitucionales”, apuntó la activista.
PEDIDO.
A lo largo de 20 años de vigencia de la ley, el colectivo hizo conocer estas deficiencias y sugirió introducir modificaciones, en su momento se reunió con los expresidentes del Senado, Gabriela Montaño y Eugenio Rojas, además del actual ministro de Justicia, Iván Lima.
“Incluso, pedimos reunirnos con la Comisión de Constitución en la pasada gestión legislativa, presentamos el documento escrito para hacer notar los errores y la propuesta de reforma. Pero, el sistema político jamás nos escuchó porque no somos funcionales al MAS”, protestó María Galindo.
Al ser una ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, hizo notar que no hay profesionales idóneos para atender los casos que surgen a partir de su aplicación. Citó, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), entidad en la que se minimiza las lesiones de una mujer agredida.
En tanto, la Policía carece de investigadores formados en indagar casos de violencia machista, pues “atender estos casos les parece algo de menor importancia”, acusó.
En casos de incumplimiento de asistencia familiar, Mujeres Creando presentó también una propuesta para castigar al padre irresponsable, con restringir la renovación del carnet de identidad, licencia de conducir y pasaporte, como en otros países.
“No queremos meterlos a la cárcel, pero no tenemos otro instrumento para que cumplan sus obligaciones familiares”, concluyó.
Por: Freddy Grover