- Sociedad
- Wilma Pérez
El magisterio urbano de Bolivia inició este lunes un paro nacional de 48 horas con la suspensión de actividades en unidades educativas fiscales y de convenio en los nueve departamentos del país. La medida de presión sumó el respaldo de los padres de familia, además, el magisterio rural anunció que también rechaza el anteproyecto de descentralización de la educación y le dieron 72 horas al Gobierno para anular el documento.
La secretaria ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Anahí Bozo, confirmó la contundencia de la jornada con marchas y tomas de distritos educativos en las 31 federaciones del país. La dirigencia ratificó que el sector no teme a los descuentos salariales anunciados por las autoridades.
Ante la advertecia de descuentos, Bozo comunicó la decisión de suspender la atención de horas extras que los profesores cumplen sin remuneración. Detalló que en el territorio nacional existen más de 800.000 horas de trabajo gratuito en los establecimientos.. “Aplicaremos la premisa de hora trabajada y hora pagada, por lo que dejaremos de cubrir los espacios que no tienen asignación presupuestaria.”
En tanto que el ejecutivo del magisterio rural de Bolivia, William Mendoza, informó que la dirigencia determinó otorgar un plazo de 72 horas al Gobierno para retirar el proyecto de transferencia de los institutos a las gobernaciones.
Mendoza señaló que, si el Ministerio de Educación mantiene la propuesta, el sector activará medidas escalonadas de 24, 48 y 72 horas hasta llegar a la huelga indefinida. A la movilización de los educadores también se sumó la representación de los padres de familia. Ambas partes firmaron un acuerdo de unidad para la defensa de la educación fiscal y gratuita. Las organizaciones declararon su permanencia en las calles hasta lograr la atención de sus demandas.
En contraparte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, indicó la disposición de la entidad para retomar las reuniones con la dirigencia entre el miércoles y el jueves de esta semana.
La autoridad denunció que existe “dictadura sindical e intimidaciones contra los docentes que no acartan el paro de la dirigencia”.
Sanjinés afirmó, en conferencia de prensa, que la educación no se privatizará y que la norma mantiene la rectoría del nivel central sobre los lineamientos curriculares, además de los estándares de calidad.
La autoridad explicó que la propuesta contempla el traslado de 640 millones de bolivianos a las gobernaciones exclusivamente para el pago de salarios del personal técnico. Además, la autoridad ratificó que se cumplirá con la aplicación de los descuentos correspondientes por los días no trabajados, en las papeletas de diciembre.
El magisterio realizó marchas y mítines en las ciudades. En La Paz se concentraron los profesores de las ciudades intermedias provinciales.