La avalancha del río Pasajahuira ha destapado una verdadera caja de Pandora. Nueve de cada 10 familias asentadas en la zona de Santa Cecilia, en Bajo Llojeta, carecen de documentos de propiedad sobre las viviendas que ocupan y que fueron destruidas por la mazamorra.
Las declaraciones del Viceministro de Defensa Civil pintan de cuerpo entero la magnitud de la delincuencia que opera en las ciudades de este país bajo la forma, elegantemente denominada, de “loteadores clandestinos”. Se trata de organizaciones en las que están involucrados funcionarios municipales e, incluso, autoridades judiciales.
Sólo así se explica que puedan obtener no sólo en tiempo récord sino con facilidad asombrosa documentos que a personas quienes cumplen las leyes y los reglamentos, les lleva años de esfuerzos, desvelos, interminables filas, trámites y alguna que otra coima para obtener un título de propiedad. En el caso concreto de Bajo Llojeta, una persona que se hacía pasar por arquitecto otorgó permisos de construcción en un área reclamada por el municipio de La Paz.
Ese funcionario de Achocalla fue destituido de su cargo al comprobarse que había incurrido en lo que son delitos puros y duros, pero la documentación que aprobó no fue anulada, como habría correspondido. Tiene razón —lo exigimos en su momento desde esta misma columna— el Viceministro cuando exige que se delimiten con claridad las jurisdicciones municipales.
Que Achocalla, Palca, Mecapaca, La Paz, El Alto, Viacha, Pucarani y Laja —por citar los casos del área metropolitana paceña— hagan lo que tengan que hacer dentro de sus márgenes y que no interfieran con el trabajo de sus vecinos. Es necesario, ahora más que nunca, que las instancias de Inteligencia de la Policía investiguen y sancionen ejemplarmente a los integrantes de las organizaciones de loteadores clandestinos.
Lo reclama la tranquilidad y seguridad de los habitantes de todos los municipios nombrados. Ya ha muerto una inocente niña. El Estado está en la obligación de protegerla y honrar su memoria.