- Sociedad
- Wilma Pérez
El magisterio urbano de Bolivia instaló cerca de 20 piquetes de huelga de hambre a escala nacional, con un registro aproximado de 76 maestros movilizados en diferentes regiones. Las medidas de presión responden a la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y de sus 31 federaciones contra el anteproyecto de ley de la descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.
Las protestas abarcan las ciudades capitales de los nueve departamentos, además de ciudades intermedias como Yacuiba, Guayaramerín, Vallegrande, Villamontes y Tupiza. Los dirigentes del sector sostienen que la propuesta del Gobierno representa una amenaza para la educación fiscal y los derechos laborales de los profesores.
Entre las principales exigencias figuran también el respeto al Reglamento del Escalafón Nacional, un sueldo digno, un incremento salarial acorde con la canasta familiar y la atención a demandas históricas.
En Potosí, Oruro, Beni, Chuquisaca y Santa Cruz, los representantes departamentales confirmaron la apertura de piquetes de ayuno voluntario y advirtieron de que la medida será radicalizada con movilizaciones.
En Santa Cruz, los docentes realizaron, la tarde de ayer un mítin frente a la Gobernación y anunciaron la ratificación del paro de 48 horas previsto para la próxima semana en caso de ausencia de respuestas favorables por parte del Ministerio de Educación.
Además, la Confederación programó marchas simultáneas y actos de crucifixión simbólica para el viernes 6. Adicionalmente, la dirigencia sindical instruyó a sus bases la ejecución de un plan informativo orientado a rechazar los intentos oficiales de privatizar la educación fiscal, así como a desmentir las campañas destinadas a desacreditar la protesta.
En tanto, el ministro de Educación, Érick Sanjinés, calificó de “política” la convocatoria al paro y ratificó la aplicación de descuentos de haberes bajo la premisa de día no trabajado es día no pagado.
La autoridad señaló que una suspensión de actividades escolares afectará a más de dos millones de estudiantes, aunque mantuvo abierta la posibilidad de reinstalar mesas de diálogo con representantes del magisterio urbano