Es satisfactorio formular esta aseveración. Después de 42 años de ejercicio democrático, los bolivianos hemos alcanzado un importante grado de madurez y responsabilidad con respecto a la democracia.
La mejor demostración de lo afirmado se vio en todos los rincones del territorio nacional, en lo que puede considerarse como una “prueba de fuego” para el sistema abierto en Bolivia el 10 de octubre de 1982, después de 18 sangrientos años de dictaduras militares.
Las elecciones judiciales se habían demorado un año y servirán para renovar la composición de las direcciones de los diferentes entes que forman el Órgano Judicial Plurinacional, cuyos problemas de ineficiencia, corrupción, incapacidad general y retardación —entre muchos otros más— no fueron resueltos por los elegidos por voto popular.
Se presumía que el ausentismo sería una de las características de esta elección, pero la masiva presencia de ciudadanos en todos los recintos electorales, inclusive en los puntos en los que se emitía el certificado de impedimento de voto, fue una demostración palmaria de los bolivianos deseamos vivir en democracia, que es un bien absoluto y supremo que debemos preservar de todas las amenazas.
Además, los primeros resultados oficiales proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral muestran que, a diferencia de los anteriores comicios de la justicia, hay candidatos que reciben un importante respaldo popular y que la tendencia no es a favor de los votos nulos y blancos.
Tal vez, el conato golpista dirigido por Juan José Zúñiga hace unos meses ha sido una de las causas de este respaldo popular a estas elecciones, que son solamente una de las aristas que tiene la democracia, pues la más importante de todas es el derecho de los ciudadanos a participar activamente en los procesos de toma de las grandes decisiones políticas, económicas y sociales del Estado.
Esta acción unánime de los bolivianos puede representar también un rechazo a todos cuantos se presentan como “los salvadores de la patria”, independientemente de su signo ideológico o su postura política ante los problemas y factores favorables que se plantean en la sociedad.