Condenado a 70 meses de reclusión en Estados Unidos por usar el sistema bancario de ese país para lavar el dinero de sus actos corruptos, Arturo Murillo, el inefable ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, ha cumplido poco más de la mitad de la pena y se prevé que su privación de libertad se prolongue hasta enero de 2026. Las similitudes ideológicas y políticas entre Murillo y otro temerario y temible antecesor suyo en el cargo, Luis Arce Gómez, son más que evidentes. Además, ambos cayeron en manos de la Justicia de Estados Unidos, después de su paso por el despacho de la avenida Arce. Los dos fueron sentenciados por jueces estadounidenses, de quienes sí se puede decir que evalúan pruebas, testimonios y documentos, a diferencia de los magistrados bolivianos y de otros países de la región suelen sopesar, antes de emitir sus fallos, el entorno político y argumentos que poco tienen que ver con las conclusiones de las investigaciones. Es poco probable que Murillo piense en regresar a Bolivia en cuanto recupere su libertad, pues sabe que deberá comparecer ante jueces que, por presión popular, dispondrán su internación en un centro penitenciario del país, cuyas condiciones distan mucho de las que ofrecen los reclusorios de Estados Unidos. Por ello, la Procuraduría inició los trámites para su extradición. Tampoco es posible, en este momento, saber quién ocupará la silla presidencial, con el consecuente entorno de influencia política, por lo que es prudente que las actuales autoridades gestionen lo antes posible la recuperación de los recursos estatales defraudados por el exministro. No será tarea sencilla, pero es menester encararla con dos finalidades: devolver recursos de todos a las arcas del Estado y sentar un precedente para que otros aventureros no se animen en el futuro a obrar como lo hizo este señor. Es necesaria la transparencia en el manejo de la cosa pública, objetivo que solamente se podrá alcanzar si quienes tienen la oportunidad de conducir la nave del Estado temen sufrir las consecuencias de eventuales malas acciones suyas Los seres humanos, independientemente de nuestra condición social, género o posición económica, actuamos por temor a sufrir castigos físicos. Por ello, se debe aplicar sanciones a quienes creen que pueden quedar en la impunidad.