Respecto de las malhadadas elecciones judiciales y las reprobadas acciones de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), algunos políticos no dejan de decir sandeces. 

Uno dijo que vivimos “el Gobierno de los jueces”, otro expresó que estamos en una “dictadura judicial”. Si estas declaraciones se las entendería siguiendo el organicismo de Herbert Spencer, tendría que decirse que el “poder” judicial es la cabeza del organismo social, que el Ejecutivo es su brazo “derecho”, que el Legislativo constituye sus piernas y el Electoral sus pies, porque si el judicial fuera la cabeza que dirigiera a los restantes órganos, sería el “dictador”. 

Pero todos saben que el verdadero “poder” radica en el Ejecutivo, no en vano se está en un régimen presidencialista contrahecho, y el resto de los órganos —lamentablemente— son dependientes de este. 

El TCP, así como el aparato judicial, no hacen más que cumplir las órdenes del Gobierno, juntos constituyen su brazo operativo de ahí que no existe la tal “dictadura judicial”, el “director de la orquesta” es el poder central. Pero existe otro absurdo más. 

Casi todos los políticos expresan que los actuales “tribunos” son “autoprorrogados” (y sin límite de tiempo), lo que jurídicamente significa que estos “no son magistrados del TCP”, que son usurpadores de jurisdicción y competencia, que son “jueces de su propia causa” y que sus actos son nulos por disposición constitucional. 

Pero rápidamente se contradicen al señalar que las resoluciones que emiten los autoprorrogados deben cumplirse porque son de cumplimiento obligatorio de acuerdo con la Constitución, abstrayendo que tal obligatoriedad emerge sólo cuando la resolución es dictada por autoridad legalmente constituida y sería demencial cumplir una orden emitida por alguien que no tiene atribución legal alguna, que es lo que está hoy ocurriendo; y, para el caso de las funestas elec- ciones judiciales, rematan su estulticia afirmando que las “resoluciones” que dictan los falsos “tribunos” deben cumplirse (¡!). 

El caso es que en el Parlamento han preseleccionado para las perniciosas elecciones judiciales a algunos candidatos aplazados, a elementos que no cumplen con los requisitos, en fin, a gente que no es idónea. 

Han dizque “blindado” (con papel celofán) dichos desgraciados comicios que, para empeorar, si se realizan serán parciales haciendo que la mayor parte de los autoprorrogados continúen prorrogándose hasta el año 2027. Si es que el “director de orquesta” no dispone otra cosa, puesto que el 2025 se realizarían las elecciones nacionales y el 2026 las llamadas elecciones subnacionales atendiendo a que en un año puede realizarse una sola elección… 

Y obligan a la ciudadanía a votar por los pifiados postulantes en las elecciones judiciales. Así triunfen los votos blancos y nulos, estos candidatos igual serán los próximos magistrados y la encanallada “jurisdicción constitucional” más la Justicia en general proseguirán su rumbo catastrófico para el país. 

Lo cierto es que con este proceso destructivo puede suceder cualquier cosa en Bolivia. Y es evidente, sorpresivamente el 20 de los corrientes en el Senado, su presidente, en ausencia del presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley 075 que cesa en sus funciones a los autoprorrogados, promulgación que para el Gobierno no tiene validez y que será enviada al TCP, es decir, la remitirá a la parte interesada en el pleito, para que se pronuncie. 

No corresponde ingresar en mayores detalles, siendo evidente que se abre otro capítulo más en la reyerta interna del MAS con la tercería de la oposición. No cabe duda que de acuerdo con la doctrina del “derecho libre”, del que nos ocupamos en artículos anteriores, el Tribunal Constitucional tiene una esencia política más que jurídica. 

No sabemos qué desgracias más tengan que ocurrir para convencerse de que es inmensamente peligroso para la subsistencia misma de la república la existencia del siniestro Tribunal Constitucional, que en otros países funciona bien, en otros ni siquiera existe y es inadaptable para Bolivia desde su creación, siendo lapidariamente destructivo del Estado de derecho constitucional tan mencionado. 

Recientemente he fundamentado en siete artículos seguidos de esta columna los motivos para la extinción de este ente.