- Política
- Armin Copa
16/1/2026.- La agrupación Libre planteó formalmente que el cerco a los centros urbanos sea tipificado como un delito dentro del Código Penal boliviano. El senador José Ormachea fundamentó esta iniciativa en la necesidad de sancionar acciones que impiden el suministro de elementos vitales para la población. Según el legislador, esta figura jurídica guarda relación con el concepto de exterminio establecido en el Estatuto de Roma, al tratarse de medidas que ponen en riesgo masivo la vida de los ciudadanos por intereses políticos o sociales.
El planteamiento surge como respuesta a antecedentes históricos donde el corte de rutas derivó en la falta de insumos médicos básicos, como el oxígeno durante la crisis sanitaria. La propuesta legislativa busca establecer penas intermedias que superen los cuatro años de prisión, con el objetivo de evitar que los responsables accedan a beneficios de libertad inmediata. De esta manera, se pretende castigar tanto a los autores materiales que ejecutan la obstrucción de vías como a los cabecillas que planifican el aislamiento de las ciudades.
Además de las sanciones privativas de libertad, el proyecto contempla castigos económicos y civiles para quienes promuevan este tipo de medidas de presión. La alianza opositora considera que estas acciones no pueden ser calificadas como infracciones menores debido al impacto humanitario que generan en las regiones afectadas. Con la inclusión de este acápite en el debate de la ley antibloqueo, se busca desincentivar el uso de cercos como herramienta de negociación política y garantizar la libre circulación de bienes esenciales en todo el país.