La normativa sancionada por la sesión de Asamblea dirigida por el “radical” Andrónico Rodríguez, entre ellas la ley 075 que declara nula la declaración constitucional de prórroga de mandato de las altas autoridades de la justicia, además del cese de funciones, se encuentra en el limbo y en duda su promulgación debido a que la reunión llevada adelante fue calificada de ilegal, debido a una resolución del Tribunal Constitucional.
Los legisladores radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora sus eventuales aliados buscaron durante semanas dejar sin efecto la declaración constitucional del 11 de diciembre de 2023, que establece: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional”.
Este es el texto de la disposición de los magistrados del TCP que enfrenta a renovadores y radicales del MAS, además de la oposición, porque unos consideran que se recurre al uso de la justicia para frenar una serie de acciones e impedir otras, entre ellas dar fin con la repostulación, lo que no es aceptada por los seguidores de Evo Morales, considerados como radicales masistas,a diferencia de los renovadores que apoyan al presidente Luis Arce, que sostienen la necesidad de hacer cambios y que el tiempo de los caudillos concluyó.
Preselección
Los sectores encontrados, se acusan mutuamente de frenar el proceso de preselección y ambos insisten en la necesidad de llevarlo adelante, pero en los hechos no aportan a que esta actividad llegue a buen puerto para que el Tribunal Supremo Electoral, convoque a comicios judiciales, una vez que el Legislativo remita la nómina de candidatos seleccionados por dos tercios en sesión de Asamblea.
Los renovadores recurrieron al Tribunal Constitucional que ordenó no instalar la sesión anotada, pero Rodríguez y la oposición al Gobierno de Arce hicieron oídos sordos y, pese a algunos intentos del oficialismo, como la fumigación del hemiciclo o el corte de electricidad, para evitar el cónclave, los radicales llevaron adelante esa reunión de legisladores que contó con quórum reglamentario.
Sin embargo, esos proyectos aprobados por la sesión de Asamblea están lejos de convertirse en leyes del Estado con efectos reales.
El procedimiento legislativo establecido por la Constitución determina que “el proyecto (de ley) aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación como ley. (…) La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea”.
Si los legisladores consideraran fundadas éstas, modificarán el documento y volverán a remitirlo al Ejecutivo, pero “en el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea” Legislativa.
¿Andrónico a juicio?
En todo caso, antes de que el Ejecutivo reciba el proyecto de ley, se deberá dilucidar la legalidad de la sesión y la posibilidad de enjuiciar penalmente a Rodríguez por instalar la sesión del jueves por la tarde.
“Bienvenida a la demanda, no hay ningún miedo. A ver, veremos si con esa actitud, con esa acción, mantenemos la esencia del Estado de derecho. Por trabajar, por resolver conflictos de la crisis institucional, de la crisis económica, quieren demandarnos, pues bienvenida la demanda. Bienvenido el proceso penal. Quieren encarcelarnos, pues vengan”, desafió Rodríguez ante la posibilidad de afrontar un proceso penal y, consecuentemente, quedar privado de libertad.
En caso de que los proyectos pasen a consideración del presidente Luis Arce, éste tiene la facultad constitucional de vetarlos y devolverlos a la Asamblea, cuya principal autoridad, David Choquehuanca, podrá retener el documento como aquel referido al uso de manillas electrónicas para delincuentes, que fue sancionado, devuelto a la Asamblea y desde entonces no ha sido objeto de tratamiento alguno y nadie protestó
Por: Jorge Jové
