- Sociedad
- Susana Salinas
Problemas administrativos, de gestión y denuncias de corrupción son el cáncer que avanza en los hospitales de tercer nivel de la ciudad de La Paz y de la Caja Petrolera, donde miles de pacientes pagan los “platos rotos” y se arriesga su vida. Aunque la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la salud, no se cumple.
NOSOCOMIOS
Por mandato de la Ley 31 de Autonomías (2010), los hospitales de 3er Nivel son administrados por las gobernaciones. En el departamento, el titular Santos Quispe, a través del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), es responsable de lo que sucede en los hospitales del Norte, Clínicas, Tórax, Gastroenterológico, Hemocentro, Inamen, Del Niño, De la Mujer, e Instituto Nacional de Oftalmología. Se estima que en el complejo miraflorino se atiende a por lo menos 10.684 pacientes, que precisan tratamientos por especialidad y emergencia, debido a su deteriorada salud.
La Caja Petrolera, a su vez, es una institución pública descentralizada, con patrimonio propio y autonomía administrativa, que está bajo la tuición del Ministerio de Salud. Es un ente gestor de la seguridad social y su funcionamiento se regula conforme a las leyes y su estatuto. Hay más de 250 mil asegurados, provenientes de empresas estatales, legislativas y de entidades privadas.
PACIENTES
Los miles de pacientes, al final, son las mayores víctimas de la mala gestión y los casos de corrupción que
indican los movilizados.
Cientos de afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del departamento de La Paz y El Alto realizan paros escalonados, movilizaciones y piquetes de huelga de hambre, ayer cumplieron 10 días. Los afiliados al sindicato en la urbe paceña y provincias son 3.500 y en El Alto, 1.500.
El sector demanda la institucionalización de cargos y la reincorporación de 16 funcionarios en salud, de ambas urbes, que fueron removidos sin previo aviso.
En el caso de la Caja Petrolera, asumen similares medidas de presión. Ayer se cumplía el primer día de un paro de 72 horas, a escala nacional. Las protestas comenzaron el 21 de octubre. La mayor demanda es la renuncia del director general ejecutivo, David Martínez, a quien acusan de llevar una “pésima gestión” en la entidad desde hace cuatro años. Hay 3.600 movilizados en todo el país.
CONFLICTO HOSPITALES
Dirigentes de los hospitales de tercer nivel acusan a Quispe de incumplir con el Decreto Departamental 045, del 14 de abril de 2023, que ordena la institucionalización de cargos. En una conferencia, el Gobernador, dijo que los movilizados no aceptan una convocatoria externa y exigen que se la haga de forma interna, para resolver el tema.
“No nos oponemos a la institucionalización, pero el Gobernador debe llamar a una institucionalización cerrada y, posteriormente, una convocatoria abierta”, según nuestro estatuto, indicó el secretario general de la federación paceña, Romel Riveros, tras remarcar que “los ítems que deben ir a convocatoria abierta son los de crecimiento vegetativo”, porque de lo contrario peligran los cargos de todos los trabajadores. “No hay garantía en una nueva postulación”.
Sobre los despidos, Quispe indicó que en lo que va de la gestión solo retiró a 16 funcionarios y que respaldó su accionar con un acta firmada con la cabeza de los trabajadores sobre despidos, el 28 de julio de 2021. La dirigencia señala que el documento es “apócrifo”.
CAJA PETROLERA
Para Gerardo Morales, secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, las peticiones del sector son “desviadas” por el Director General ejecutivo, quien se remite a un proceso que perdieron las autoridades en la regional Santa Cruz, acerca de un bono de atención a pacientes que no son afiliados, como los casos SOAT o de otras emergencias. “El Director está cuatro años en la Caja Petrolera y sabía de la demanda de los trabajadores (activos y jubilados) del año 2007 a 2020, que ganaron un juicio y se les adeuda 68 millones de bolivianos”, señaló Morales a tiempo de remarcar que “esa demanda es regional”.
En la actualidad, los trabajadores cumplen un paro nacional, “porque la autoridad no compra medicamentos, no hay insumos, no hay equipamiento para asegurados, entre otros”, explicó. Por esas demandas, administrativos y médicos de esta repartición cumplen un paro escalonado hasta que el director renuncie.
Morales explicó que la mala gestión es, por ejemplo, la falta de medicamentos. “De 10 medicamentos que deben ofrecer, solo hay dos”.