La aplicación de la justicia no puede compararse o equipararse con un plebiscito. Por ello, el Alcalde de Achocalla se equivoca cuando busca el apoyo de sus bases para exigir, con amenazas de bloqueos y movilizaciones de todo pelaje, su libertad.
Debe concentrarse en su defensa jurídica, con argumentos reales para demostrar, si es que puede hacerlo, que nada tuvo que ver con la autorización a la Inmobiliaria Kantutani para que haga movimientos de tierra en el Cementerio Los Andes.
Ese hecho dio lugar a una muerte. Si ese deceso fue culposo o doloso tendrá que demostrarse ante los estrados judiciales ordinarios, pero por el momento, debe presumirse la inocencia de todos los inculpados por este caso.
Sin embargo, cuando uno de ellos apela a lo que podría denominarse la “lógica de la montonera” lanza una mala señal a la sociedad, mucho más si se considera que la amenaza es en contra de todos los habitantes de la ciudad de La Paz, pues el anuncio es que los pobladores de Achocalla se aprestan a cerrar el ingreso al relleno sanitario de Sak’a Churu, lo que supondría la imposibilidad de que se recoja la basura de las calles de la hoyada y se acumulen los desperdicios, con todos los riesgos que ello implica.
La Fiscalía debe hacer su trabajo sin interferencias de naturaleza alguna en éste y en todos los casos.
Debe averiguar la verdad de lo sucedido sin que una montonera de personas decida qué es lo que debe hacer y lo que no.
Y si los pobladores de ése o cualquier otro municipio intentan cerrar el acceso a un lugar tan importante para la salud pública, la Policía debe hacer su trabajo sin contemplaciones, con el uso racional de la fuerza y sin causar graves daños a las personas, pero con la firmeza suficiente para evitar los excesos, más o menos como lo hizo en los bloqueos de más de tres semanas en el departamento de Cochabamba.
La salud de la población, la salud de la justicia y la salud de la democracia así lo exigen.