• Política
  • Armin Copa

El órgano judicial dispuso que el burgomaestre de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cumpla detención domiciliaria en el marco del proceso denominado "pavimentos". La resolución permite que la autoridad continúe con sus labores laborales, aunque le impone una fianza económica de 500.000 bolivianos. Además, el fallo establece medidas cautelares estrictas que incluyen el arraigo nacional y la restricción de acceso a determinados lugares públicos mientras avanza la etapa de investigación.

Desde la vocería municipal, Bernardo Montenegro manifestó que la decisión judicial permite desestimar presuntos riesgos procesales señalados con anterioridad. El representante de la alcaldía sostuvo que los elementos de prueba recibieron una valoración inadecuada en las fases previas y sugirió motivaciones ajenas al ámbito jurídico en el origen de la demanda. Por su parte, el Ministerio Público otorgó un plazo de diez días hábiles para que el funcionario dé cumplimiento total a las condiciones personales fijadas por el tribunal.

La investigación surge a raíz de un informe emitido por la Contraloría General del Estado sobre supuestas anomalías en la pavimentación de calles en los distritos 13 y 14 de la capital cruceña. El caso generó roces dentro del Concejo Municipal, donde algunos legisladores observaron la participación del equipo jurídico de la alcaldía en la defensa particular del burgomaestre. El proceso busca esclarecer la ejecución física y financiera de las obras viales bajo sospecha de irregularidades administrativas.