• Seguridad
  • Carmen Challapa

3/12/2024.- Los investigados por el caso denominado Golpe de Estado III buscan acogerse a proceso abreviado para obtener una pena mínima o conseguir su libertad. 

El 31 de agosto, un capitán de Inteligencia de la Fuerzas Armadas (FFAA) aceptó haber participado en el golpe fallido del 16 de junio, solicitó someterse a un juicio abreviado y actualmente está en libertad, con algunas restricciones que eviten que la investigación del Ministerio Público se contamine. 

Recientemente, otros dos uniformados el mayor Migul I. y el sargento Condori solicitaron someterse al juicio abreviado. 

El abogado de los uniformados, Eusebio Vera, explicó que otros militares más, en los próximos días, solicitarán someterse a esta estrategia jurídica, que les permitirá conseguir su libertad en un tiempo corto, para después reinsertarse a la sociedad.  

“Varios piensa en sus familias, quieren recuperar su vida y su libertad lo antes posible, y esta es una forma también que permitirá individualizar la participación de todos los procesados”, refirió el legista.

PRUEBAS

Vera explicó que dentro de la investigación se tiene declaraciones importantes, informes del Estado Mayor, y de todas las unidades que participaron. La comisión de fiscales aún no programó la inspección reconstrucción del caso.

“Esto será fundamental para individualizar responsabilidades y la participación que tuvo cada quien”, dijo.
Se prevé que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (IITCUP), entregue las pericias realizadas a los teléfonos celulares y computadoras secuestradas, la triangulación de llamadas, la georreferenciación y el contenido íntegro de los aparatos electrónicos.

Estas pericias serán fundamentales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

“Esperamos que se remita esa pericia porque convendrá a muchos y permitirá que como abogados objetemos los elementos que podrían representar una amenaza para nuestros clientes”, explicó.

ANTECEDENTES

El 26 de junio por la tarde, Juan José Zúñiga, entonces comandante general del Ejército, movilizó a un grupo de militares encapuchados, con quienes tomó la plaza Murillo. A consecuencia de ello, existen al menos 100 personas investigadas de las que 27 tienen medidas cautelares.

En su declaración informativa, Zúñiga admitió que el movimiento militar estaba a su mando junto con el general de División Aérea, Marcelo Zegarra, el vicealmirante Juan Arnés, comandante de la Armada Boliviana del servicio pasivo, general Tomás Peñailillo entre otros.