- Economía
- Armin Copa
2/12/2024.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por una disposición del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que faculta a entidades públicas a confiscar y/o decomisar productos de empresas bajo el argumento de encarecimiento de precios. Los industriales consideran esta medida como "arbitraria, represiva y un riesgo para la seguridad jurídica".
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos. Según la CNI, esta norma genera incertidumbre entre las empresas, desincentiva la producción y fomenta el contrabando y la informalidad.
El sector industrial solicitó al presidente Luis Arce la eliminación de esta disposición, argumentando que podría ocasionar desabastecimiento, desempleo, caída en la inversión y en la recaudación tributaria. Además, advirtió que la medida afectará principalmente a las empresas formales, mientras que las actividades informales no estarán sujetas a las mismas regulaciones.
Los industriales instaron al Gobierno a implementar políticas económicas que promuevan el desarrollo industrial en lugar de medidas represivas que, según ellos, ahuyentan la inversión nacional y extranjera. La CNI enfatizó la necesidad de crear un clima de confianza para fomentar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad del sector productivo.